El consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha destacado hoy que las viviendas con sentencias de derribo son "un problema común" de toda Cantabria y ha hecho un llamamiento a los partidos y a las instituciones para tratar de lograr una solución "ponderada" y "que cause el menor daño posible" a la comunidad autónoma.
Mazón se ha pronunciado así tras reunirse con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que ha recorrido hoy Santander con el "Tren de los Inocentes".
Este año esta movilización ha reunido a cerca de un millar de personas, que se han congregado ante la sede del Ejecutivo, en donde han gritado lemas y han exhibido pancartas a favor de la legalización de sus viviendas.
El consejero ha subrayado que Cantabria tiene "un grave problema" con las viviendas con sentencias de derribo, porque esos fallos judiciales tienen "unas consecuencias claras" desde el punto de vista económico y social.
Ha incidido en que hay sentencias que ordenan el derribo de las viviendas que implican consecuencias socioeconómicas para la comunidad autónoma, dado que reconocen indemnizaciones por daños morales a los propietarios que deben asumir el Gobierno y los ayuntamientos que autorizaron esas construcciones y que "salen del bolsillo de todos los cántabros".
Mazón ha abogado por implicar a todas las instituciones a la hora de buscar una solución para los propietarios de esta viviendas, porque, según ha dicho, "se trata de un problema de Estado".
Ha apostado por "dar pasos adelante" pero ha aclarado que ello no significa aprobar una "ley de punto final" que legalice todas las construcciones y que suponga "un borrón y cuenta nueva".
Acatar las decisiones. El consejero ha admitido que este asunto supone "una papeleta importante que resolver" y ha augurado que, "probablemente", no todo el mundo quedará "contento" con el resultado final de todo el proceso.
Mazón ha defendido una solución "ponderada" y que suponga "el menor daño" para el conjunto de la sociedad.
Y ha recalcado que en estos casos los jueces están aplicando las leyes y que hay que acatar sus resoluciones. "Nosotros (el Gobierno) acatamos las decisiones, se compartan o no se compartan", ha apostillado.
Sobre las posibles responsabilidades patrimoniales que reclamarán los propietarios de Cerrias (Piélagos), Mazón ha recordado que ya hay sentencias que condenan al Gobierno y a los consistorios a asumir esas indemnizaciones y a hacerse cargo de las demoliciones, y ha señalado que se trata de "cantidades muy importantes".
"El dinero no lo es todo en la vida, pero en una situación grave como en la que estamos, es una pena tener que invertir todos esos recursos en demoliciones, que son inversiones que no generan riqueza ni empleo", ha lamentado Mazón, que, tras hablar a los periodistas, se dirigió a los propietarios congregados ante la sede del Gobierno, a los que reiteró, entre aplausos, que el suyo "es un problema de todos los cántabros".
Falta de seguridad jurídica. El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha denunciado la falta de seguridad jurídica de quienes compran una casa en Cantabria y ha considerado que si el Gobierno cumple sus compromisos se estará "en el camino" de que esa situación no se dé más en adelante.
Vilela ha remarcado el "sufrimiento" de los propietarios de viviendas con sentencias de derribo y ha criticado la actuación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , a la que ha pedido que, además de aplicar la ley, sea justa.
Ha aludido a la "prisa" de esta Sala, que "es tan diligente que casi contrata ella misma" a la empresa para realizar los derribos, y ha lamentado que, sin embargo, "no es nada diligente para cuidar los derechos de los terceros de buena fe", que han adquirido las casas.
Este representante de AMA ha asegurado que los afectados se sienten "abandonados por la Justicia", pero ha asegurado que son conscientes de quién es la responsabilidad de la situación en la que se hallan: el Gobierno y los ayuntamientos.
La movilización del "Tren de los Inocentes" se ha trasladado también al Parlamento. Tanto allí como en el Gobierno han registrado un escrito para pedir que comprar una vivienda en Cantabria "no sea un acto de alto riesgo para las familias".
