La asociación ecologista ARCA cree que el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) anunciado hoy por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que anula la variante Este de Comillas , además de "dilatar" el proceso, podría "iniciar una espiral de disparates" como los que a su juicio se están llevando a cabo con relación a las sentencias de derribo en la región.
Así lo advirtió en un comunicado en el que también reclamó al Ejecutivo autonómico que se depuren "de inmediato" las responsabilidades políticas que se derivan de la sentencia de la Sala de lo Contencioso TSJC.
La asociación sostiene que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, "no puede ahora echarse las manos a la cabeza" porque, como recordó, ARCA le presentó en 2006 una serie de alegaciones advirtiendo, entre otras cosas, de que el proyecto "tenía que respetar la declaración de impacto ambiental denegatoria publicada en marzo de 2000".
También le avisó de que las obras "incumplía de forma abrumadora" los requisitos legales del Decreto 50/91 de Evaluación de Impacto Ambiental, y que acarrearían la "destrucción" de yacimientos arqueológico.
Otros motivos por los que ARCA exige la "inmediata" depuración de responsabilidades políticas son que el trazado de la Variante de Comillas por el arroyo Gandarias "se impuso en contra de todo rigor técnico para no perjudicar al campo de golf de Rovacías", y que este caso se suma a "muchos otros desaguisados ambientales" que está provocando la política de carreteras que, según la asociación, impulsan el consejero y el presidente cántabro, Miguel Angel Revilla.
Desaguisados
Entre esos "desaguisados", ARCA cita la carretera Puente Viesgo-Los Corrales, paralizada por incumplir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la carretera Ojedo-Piedrasluengas, paralizada también por carecer de EIA, la reciente "destrucción" de un humedal dentro del Parque Natural de Oyambre, o la "tala de hayas" y los "brutales desmontes" que se están ocasionando junto al puerto de Los Tornos.
La asociación ecologista, que ya ha tenido acceso a una copia de la sentencia, considera que, "tras una primera lectura, solo cabe concluir que la cantidad y la contundencia de los argumentos jurídicos es demoledora".
Por último, ARCA exige "el máximo respeto" para la persona que, "en el libre ejercicio de sus derechos", tomó la decisión de recurrir a los tribunales contra una decisión del Gobierno.
