El compromiso adquirido hoy en la Comisión de Seguimiento es que este grupo de trabajo presente una propuesta en el plazo de quince días.
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a gran parte de los afectados, y los municipios que tienen urbanizaciones declaradas ilegales han rechazado hoy en la comisión el documento que había elaborado la Consejería de Vivienda para tratar de buscar una solución a ese problema.
El vicepresidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, Francisco Laín, precisó que el objetivo de este grupo de trabajo es conseguir acuerdos que, por un lado, aseguren el patrimonio de los afectados, y, por otro, permitan trabajar en un marco de seguridad jurídica.
Tras indicar que existe "voluntad política" para solucionar el problema y que en la Consejería están "volcados" para hallar una salida, Mazón reconoció que no obstante que es "muy difícil" lograr "un mundo ideal" en el que se "solucionen los problemas y se mantiene la legalidad", según dijo.
En este sentido, añadió que no sólo basta con manifestar las "intenciones", sino que hay que llegar a "soluciones concretas" a través de textos "jurídicamente impecables".
El consejero también admitió que "el tiempo va pasando" y "la solución no llega", sino que "las cosas van despacio". Lo achacó a que es un tema "muy complicado", como también lo es, según dijo, "hablar de plazos", ya que el asunto de los derribos "depende de muchas personas".
En este sentido, y tras confesar que le hubiera "gustado continuar" con el documento iniciado por el Gobierno, advirtió de que crear nuevos grupos con nuevos componentes "alarga" el proceso. En cualquier caso, confió en que "en quince días" consigan entre "todos" tener "elaborado algo nuevo".
La Consejería había propuesto la modificación de leyes como la Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral (POL) para crear mayor seguridad jurídica y evitar los derribos masivos, pero, según ha explicado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, José María Mazón, ese planteamiento "no ha gustado mucho" ni a los afectados ni a los ayuntamientos.
Mazón ha confiado en que, a través del nuevo grupo de trabajo, se alcance un consenso en el menor tiempo posible, aunque ha advertido de que será "difícil", por lo complicado que es "dar satisfacción a todos".
A la Comisión de Seguimiento ha acudido, además del Gobierno, AMA y los ayuntamientos afectados, representantes de la Federación de Municipios de Cantabria , de los grupos popular y regionalista en el Parlamento, y del PSC-PSOE.
Proceso largo
Por su parte, el vicepresidente de AMA hizo hincapié en que se llegue a un acuerdo que permita asegurar el valor patrimonial de las viviendas con sentencia antes de que se produzca el derribo, de forma que los afectados estén "tranquilos".
Pero, en la actualidad, no tienen "nada", salvo una "auténtica inseguridad", ya que no existe garantía alguna de que no les vayan a derribar sus casas.
Tampoco tienen garantías de que lo que se trate en las comisiones llegue "a buen efecto", puesto que de momento sólo hay "buenas intenciones", mientras el proceso para buscar soluciones "se va dilatando en el tiempo".
Por ello, desde AMA reclaman un "pronunciamiento" y una "apuesta clara" del Gobierno en este asunto, algo que hasta ahora "no se ha producido".
"Nosotros necesitamos ya una manifestación pública y clara del Gobierno de Cantabria -y si es de su presidente (Miguel Angel Revilla) mejor- que diga que apuesta claramente por la seguridad jurídica en Cantabria ", sentenció Laín, quien avisó de que no van a descansar hasta tener la "garantía" de que no van ser desalojados de sus viviendas sin haber sido recompensados previamente por el valor de las mismas.
En cualquier caso, el portavoz de los afectados recordó que el Ejecutivo no es el único responsable en este asunto, sino que los ayuntamientos tienen "gran parte del culpa".
La opinión de los alcaldes
A la reunión también asistieron los alcaldes de Piélagos, Jesús Angel Pacheco (PP); de Miengo, Avelino Cuartas (PP); de Escalante, Pedro José Jado (PRC); de Arnuero, José Manuel Igual (PP), Argoños, Juan José Barruetabeña (PP); y el de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, que acudió en representación de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).
También asistieron dirigentes políticos, como el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Francisco Rodríguez, y Pablo Zuloaga, secretario de Vivienda del PSOE, entre otros.
Tras lamentar que el borrador presentado por el Gobierno "no valía", el diputado 'popular' confió en que con el grupo de expertos creado se alcancen "soluciones viables" con las que se garantice el patrimonio de los afectados y que cuenten con el consenso de "todos".
Abogó así por que los asesores legales actúen "rápido" ya que la búsqueda de una solución "no se puede dilatar en el tiempo como se ha dilatado". "¡A ver si por fin el Gobierno se pone manos a la obra!", comentó.
Por último, los alcaldes de Arnuero y Argoños confiaron en que en el marco de este nuevo grupo se alcancen acuerdos que permitan compensar a los afectados y se puedan legalizar algunas viviendas y "tirar" las que sean ilegales.
