El Tribunal de Cuentas considera que la ejecución de las sentencias de derribo que pesan sobre 597 viviendas de cinco municipios costeros de Cantabria pueden generar "unos desequilibrios financieros a los que difícilmente podrían hacer frente" estos ayuntamientos.
Este tribunal menciona la situación de los municipios de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos, en el informe de fiscalización de la planificación y el desarrollo urbanístico de los ayuntamientos del litoral cántabro, sobre el ejercicio 2006.
Según recuerda, Argoños tiene 12 sentencias firmes de derribo que afectan a 246 viviendas, Arnuero una sentencia para 144 viviendas, Escalante otra sentencia sobre 32 viviendas, Miengo debe cumplir dos sentencias de derribo de 110 viviendas y Piélagos cuatro para 65 viviendas. De todas ellas, sólo ha sido ejecutada hasta la fecha la de Arnuero y sólo en parte.
El Tribunal de Cuentas, que detalla en su informe cómo se han producido cada una de las sentencias de los cinco municipios cántabros, explica que tras estas decisiones judiciales se han producido reclamaciones por parte de los afectados a sus ayuntamientos por responsabilidad patrimonial.
Estas reclamaciones, según indica el tribunal, fueron primero desestimadas por los municipios y el Gobierno de Cantabria . Hasta la fecha, los tribunales han rechazado el pago de indemnizaciones por la pérdida de las viviendas hasta que se cumplan los derribos, pero sí han aceptado conceder compensaciones por daños morales.
En su informe sobre el urbanismo en la costa, el Tribunal de Cuentas avisa que, "de llevarse a cabo la ejecución de estas sentencias, podrían generarse en los ayuntamientos unos desequilibrios financieros a los que difícilmente podrían hacer frente".
El Tribunal de Cuentas recuerda que los propietarios de viviendas afectadas por estas sentencias crearon en 2005 una asociación en defensa de sus intereses, AMA, que consiguió que la Consejería de Obras Públicas recomendara a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos utilizar transferencias de aprovechamiento como medida que soluciones alguno de los problemas planteados.
Y, por otra parte, los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad en diciembre de 2007 que el Gobierno de Cantabria elaborara un plan para intentar solucionar el problema de los afectados.
Esta medida, en la que sigue trabajando el Gobierno de Cantabria , debería ir dirigida, según el Tribunal de Cuentas, a la "posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidades, la posible legalización de inmuebles, el asesoramiento a las personas afectadas y otras medidas"
