Simulación infográfica de cómo quedaría Cerrias sin algunas de las viviendas afectadas por sentencias de derribo. / DM
El plan del derribos elaborado por el Gobierno regional para ejecutar las sentencias que pesan sobre 621 casas de la región prevé, a priori, la demolición de 150 viviendas. Algo que se hará paulatinamente entre 2012 y 2018. Como ya adelantó El Diario Montañés, la primera será una casa en estructura en Argoños y la seguirán siete viviendas en 2013 y 10 en 2014, todas ellas en Cerrias (Liencres). El resto se corresponden a 102 de La Arena (Arnuero) que se abordarán en 2018 y entre 15 y 30 en Argoños.
El presidente, Ignacio Diego, y el consejero de medio Ambiente, Javier Fernández, fueron los encargados de presentar públicamente hoy este documentos, que ya se ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ya que serán los órganos judiciales los que tendrán la última palabra en cada caso. Y es que, insistieron ambos dirigentes, el Gobierno, que no está condenado en ninguna sentencia, ha dado “un paso al frente” para implicarse en la resolución del problema. “Cuando el actual Gobierno se incorporó las piquetas estaban a la puerta de las viviendas porque el anterior no había hecho ese ejercicio de responsabilidad”, sentenció Fernández.
Ahora la Administración regional, explicó el presidente, se personará en cada procedimiento para plantear sus propuestas a cada uno de los casos, pero será el órgano judicial competente el que tenga la última palabra, una vez oídas todas las partes.
El plan elaborado fija un calendario de ejecución de sentencias empezando por aquellas urbanizaciones en las que, después de estudiar todas las posibilidades, se considera que no cabe legalización. En cualquier caso, insistieron ambos responsables públicos, las demoliciones no se producirán sin indemnizar antes a los propietarios, bien con partidas económicas, o con la construcción de nuevas viviendas para su realojo.
Para hacer frente a los costes, tanto de los derribos en sí como de las indemnizaciones a los afectados, el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a habilitar partidas todos los años en sus presupuestos. La primera de ellas, en 2012, será de entre 3 y 5 millones de euros.
Para el resto de viviendas recogidas en el plan se proponen distintas soluciones que se resumen básicamente en dos: la obtención de nuevas licencias que den cobertura legal a las edificaciones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de los municipios afectados.
Plan "razonable"
Diego ha destacado que el documento del Ejecutivo es un plan "razonable", que no supone "merma" de la autonomía de los jueces, y que busca las soluciones menos perjudiciales para los afectados y menos costosas económicamente para los cántabros.
Se trata de una propuesta "escalonada" en el tiempo, dada la "complejidad" del problema y su dimensión "económica y social", para la que considera "aventurado" hacer una estimación presupuestaria.
En total, los tribunales han dictado los últimos años sentencias de derribo firme contra 621 viviendas cántabras. De ellas, 42 fueron ya demolidas en la urbanización de la playa de La Arena, en Arnuero, sin haber llegado siquiera a terminarse.
Ahora, el plan del Gobierno señala otras 150 viviendas que tendrán que seguir el mismo camino. En concreto, se incluyen en esa cifra entre 15 y 30 viviendas en Argoños, las 102 que siguen en pie en la playa de La Arena (las que estaban ya habitadas) y 17 viviendas en Cerrias.
De estas últimas, siete serán demolidas en 2013 y las otras diez se fija como fecha 2014, porque es un procedimiento más complejo y el Gobierno no descarta todavía la posibilidad de conseguir mantenerlas en pie.
En el caso de las viviendas de La Arena, el calendario fija como horizonte 2018, porque antes de derribarlas será necesario aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desarrollar un plan parcial y construir las nuevas viviendas.
A medida que se vayan acercando las fechas de derribo de cada urbanización, el Gobierno se irá reuniendo con los propietarios para intentar consensuar soluciones, sean indemnizaciones económicas o una nueva vivienda, una tarea que ya se ha iniciado. El deseo del Ejecutivo, en palabras del consejero, es causar "el menor daño posible".
Aunque el trabajo más inmediato sea el derribo de las viviendas que no pueden salvarse, se irá trabajando en paralelo en todos los procedimientos. "No se va a esperar a resolver uno para empezar con otro", ha comentado Fernández.
Para el presidente del Gobierno, la presentación de este documento abre una "nueva fase" en la solución al problema de las viviendas con sentencia de derribo, porque "ya es un hecho" la herramienta que los jueces pedían al Ejecutivo, un instrumento que deberá concretarse a partir de ahora en cada uno de los procedimientos judiciales.
Diego ha recordado que el documento cuenta con el "apoyo expreso" y la firma de los ayuntamientos afectados, y ha destacado que las administraciones son "plenamente conscientes" de que "solo desde una acción coordinada será posible afrontar con garantías" las soluciones.
"Responsabilidad" del Gobierno
El presidente ha señalado además que este plan refleja un "compromiso" con la solución del problema que les "diferencia" del anterior Gobierno, que "en todo momento eludió toda responsabilidad".
También ha abundado en esta línea el consejero, quien ha resaltado que ahora el Ejecutivo asume "una responsabilidad". Y es que, según dice, aunque no esté condenado ni se le haya considerado responsable directo, el Gobierno tiene una responsabilidad indirecta por dar el visto bueno a los planeamientos después anulados.
Sin embargo, ha lamentado que sus antecesores se "sirvieron" de esa situación de no estar condenados directamente para aplicar una política de "avestruz, eludir responsabilidades y dar una larga cambiada por aquí y por allá".
Frente a ello, ha recordado que Ignacio Diego ordenó dar un "paso al frente", proponer soluciones concretas y asumir responsabilidades, que es lo que se hace con esta plan, que presenta propuestas "concretas, reales y efectivas".
Según dice, cuando llegaron al Gobierno se encontraron las "piquetas llamando a la puerta" de algunas viviendas y a la empresa pública Tragsa pidiendo fecha a la Delegación del Gobierno para desalojar las viviendas y derribarlas.
Ahora, en cambio, "no hace falta llamar a Tragsa", porque el Gobierno "asume la responsabilidad", está hablando con los afectados y busca "la mejor solución", ha concluido.
