El consejero de Educación y Cultura, durante la celebración del Día del Docente. / Foto: Celedonio
El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, Miguel Angel Serna, se reunirá con la Junta de Personal y los sindicatos para adoptar la decisión "más conveniente y oportuna para el sistema educativo" regional sobre la oferta de empleo público (OEP) docente para este año.
Así, Cantabria está "estudiando" este asunto, al igual que Asturias, mientras que las otras dos comunidades vecinas ya han tomado una decisión: el País Vasco sí convocará oposiciones este año y Castilla y León no.
Y es que, como ha recordado Serna, la decisión de Cantabria depende de la que adopten las regiones limítrofes. "Estamos estudiándolo", ha insistido el consejero, que no quiere tomar una decisión sin trasladar antes a la Junta de Personal el contenido de la sectorial de Educación celebrada este jueves en Madrid.
La reunión, en la que participaron los consejeros del ramo, estuvo presidida por el ministro, José Ignacio Wert, que avisó a las comunidades de que en los presupuestos de este año no se va a "modificar" la tasa de reposición de plazas, que ha quedado fijada en el 10%.
No obstante, indicó que en próximos ejercicios se intentará "incrementar" la tasa de reposición. Además, las comunidades que no celebren este año oposiciones podrán acumular las plazas para próximas convocatorias.
Modificación del Bachillerato
Por otro lado, en la reunión se abordó la posible modificación del Bachillerato. En este sentido, Wert recordó que el programa electoral del PP apostaba por "evolucionar" el sistema actual de '4+2' (una ESO de 4 años y un Bachillerato/FP de 2 años) a un modelo de '3+3' (una ESO de 3 años y un Bachillerato, que incluiría una modalidad de FP, de también 3 años), pero manteniendo la enseñanza obligatoria hasta los 16 años.
En este sentido, subrayó que la mayoría de los estados de la Unión Europea y los países más avanzados tienen bachilleratos "de tres o más años".
Ante este planteamiento, el consejero cántabro pidió que todas las decisiones que afecten al sistema educativo español se estudien "con detenimiento", teniendo en cuenta las "implicaciones económicas" para comunidades y centros educativos.
