Los técnicos de la Consejería de Ganadería que han declarado hoy en el juicio por la construcción de la urbanización de La Argolla, en el Parque Natural de Oyambre, han asegurado que el informe de su departamento para conceder la licencia de obras era necesario y que hubiera sido "desfavorable".
En la actualidad, con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Oyambre ya aprobado, esa obra sí que "sería autorizable", al ser un terreno urbano consolidado, pero aun así seguiría siendo necesario solicitar el informe previo mientras el Ayuntamiento de San Vicente no apruebe su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así lo han manifestado hoy Antonio Javier Lucio y Santiago González Pérez, subdirector general de Montes y Conservación de la Naturaleza y jefe de Sección de Espacios Protegidos en el ámbito del litoral, respectivamente, en octubre de 2006, cuando el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera concedió la licencia de obras para construir 18 viviendas de la urbanización La Argolla.
Los dos han declarado esta mañana en el juicio que se sigue en la Audiencia de Cantabria contra el alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, y contra tres exconcejales de su equipo de gobierno por la concesión de esa licencia.
La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de cárcel y once de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio y subsidiariamente nueve de inhabilitación por prevaricación.
En su declaración, los dos técnicos han coincidido al asegurar que cuando se aprobó la licencia de obras de la urbanización de La Argolla era preceptivo y vinculante el informe de la Consejería de Ganadería, a pesar de tratarse de un terreno urbano consolidado, carácter que tiene desde 1983.
En concreto, han señalado que, aunque la ley de creación del Parque Natural de Oyambre de 1988 excluye los terrenos declarados urbanos de esa medida de protección, normas posteriores los incluyeron, con lo que se hacía necesario el visto bueno del Gobierno de Cantabria para conceder la licencia de obras.
Punto de desacuerdo
En lo que no se han puesto de acuerdo es sobre que norma provocó esta modificación, ya que, mientras uno considera que se produjo con la orden de inicio de la redacción del PORN de Oyambre en 2005, el otro considera que fue la Ley de Conservación de la Naturaleza aprobada en mayo de 2006 la que provocó el cambio.
En el primer caso, se establece la necesidad de informar sobre cualquier actuación que afectase al parque o modificase su realidad física o biológica, mientras que en el segundo se deroga la exclusión de los terrenos urbanos de la obligación de pedir un informe favorable del Gobierno regional para actuar en ellos.
De todos modos, han coincidido al afirmar que, en cualquier caso, cuando se concedió la licencia para construir la urbanización de La Argolla, en octubre de 2006, ya era necesario pedir ese informe, aunque han reconocido que el Ejecutivo cántabro no informó a los ayuntamientos sobre esa modificación legislativa.
Sobre el informe, uno de ellos ha concretado que en caso de que el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera lo hubiese pedido, habría sido "desfavorable" como "medida cautelar" hasta la definitiva aprobación del PORN de Oyambre, lo que se produjo en diciembre de 2010.
A partir de ahí, y una vez que el PORN no ha modificado el uso urbano para los terrenos sobre los que se asienta la urbanización de La Argolla, han apuntado que "actualmente esa obra sería autorizable".
De todos modos, han asegurado que el informe seguiría siendo necesario hasta que no se apruebe el PGOU del municipio, actualmente en proceso de estudio, y no se integre con la norma que regula los usos del Parque Natural de Oyambre.
Los dos técnicos han destacado, además, el "alto valor ambiental y paisajístico" de esos terrenos, una consideración que ha sido rebatida por uno de los peritos presentados por la acusación particular, que ejerce la constructora, quien ha asegurado que la parcela "estaba muy alterada" y en "desuso".
