El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez (PP), ha censurado hoy el "celo excesivo" en la instrucción del juicio por la licencia de obras de La Argolla, en el Parque Natural de Oyambre, y que además ha ligado a la moción de censura contra el anterior regidor, el socialista José Miguel Pardo.
"A día de hoy sigo pagando las consecuencias de la moción de censura", se ha lamentado Vélez, quien también es presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, en el último día del juicio se sigue contra él y tres exconcejales de su equipo de gobierno en la Audiencia por conceder la licencia de construcción de la urbanización de La Argolla en octubre de 2006.
La Fiscalía, que hoy ha elevado a definitivas sus conclusiones, sostiene que para esa concesión era necesario un informe "preceptivo y vinculante" de la Consejería de Ganadería que no se pidió y les imputa responsabilidad penal por ese hecho.
Por ello, ha vuelto a solicitar para cada uno de los acusados dos años y medio de cárcel y once de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio y subsidiariamente nueve de inhabilitación por prevaricación.
Por su parte, la defensa ha rechazado los argumentos del Ministerio Fiscal y ha pedido la libre absolución de los cuatro acusados al considerar que la legislación que existía en el momento en que se concedió la licencia de obras no obligaba a pedir ese informe y que por lo tanto su actuación fue "totalmente legal".
En su último turno de palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia hoy, Vélez ha matizado su declaración del primer día cuando lo calificó como "pantomima fines políticos" y ha explicado que se refería a la instrucción de la causa.
En concreto, ha señalado el "ceso excesivo" con el que, bajo su punto de vista, se ha llevado a cabo con la "permanente presencia policial" en el municipio y "filtraciones a la prensa", ha censurado.
Vélez , quien en el primer día del juicio se negó a contestar a las preguntas de la fiscal y de la acusación particular, ha subrayado la "gran controversia" que, en su opinión, existe en torno a esta causa, en la que ha destacado la "cautela" con la que han actuado los cuatro acusados.
En su caso, ha lamentado las "consecuencias" que ha tenido la moción de censura que el grupo popular con el apoyo de un concejal de IU presentó el 5 de noviembre de 2005 contra el entonces alcalde de San Vicente de la Barquera, el socialista José Miguel Pardo, y que llevó a Vélez al cargo de regidor municipal.
"La moción de censura trajo tranquilidad al municipio, pero a día de hoy sigo pagando las consecuencias", se ha lamentado Vélez , el único de los cuatro acusados que ha hecho uso de su derecho al turno de la última palabra.
Prevaricación urbanística
Previamente, la fiscal ha incidido en la existencia en este caso de una "prevaricación urbanística" al considerar acreditado en el juicio que la legislación que afectaba al Parque Natural de Oyambre exigía un "informe preceptivo y vinculante" para conceder una licencia de construcción en ese espacio protegido, aunque el terreno tuviese la consideración de urbano consolidado.
Y ha concluido, tras las pruebas y de los testimonios presentados a lo largo de cuatro días, que los acusados omitieron "voluntariamente" el cumplimiento de ese trámite administrativo en la concesión de la licencia de construcción de la urbanización de La Argolla.
Frente a estos argumentos, las defensas han apelado a la "falta de preparación jurídica" de los acusados y se han cuestionado la existencia de "indicios claros" que demuestren su conocimiento de la obligación de pedir ese informe.
Además, han subrayado la "confusión" que existe sobre la norma que establecía la obligatoriedad de pedir al Gobierno regional su visto bueno para conceder una licencia de obras en un terreno urbano en el Parque Natural de Oyambre y en la que "ni los técnicos de Ganadería se pusieron de acuerdo en su declaración de ayer", ha recordado uno de los defensores.
Por ello, considera que, en todo caso, se puede trata de "un error de interpretación" de la ley, que, bajo su punto de vista, no implica la responsabilidad penal de los acusados, a la vez que ha apuntado a la existencia en esta causa de un "interés político apartado de proteger un valor ambiental".
De hecho, ha recordado que entre las diversas denuncias que dieron pie a esta causa se encuentra la del exalcalde de San Vicente de la Barquera Juan José Miguel Pardo, quien la presentó "veinte días antes" de las elecciones municipales que se celebraron el 27 de mayo de 2007.
Igualmente, las defensas han llamado la atención sobre el hecho de que otros municipios con terrenos urbanos incluidos en los límites del Parque Natural de Oyambre han concedido licencias de obra sin el informe de la Consejería de Ganadería, casos que, según han censurado, "la Fiscalía no ha investigado con el mismo celo".
"La actuación del Ministerio Fiscal en este caso ha sido cuanto menos peculiar", ha argumentado uno de los abogados defensores, quien ha exculpado a los acusados y ha subrayado que en este caso la licencia de obre "es totalmente legal".
