El equipo de gobierno de Castro Urdiales (PP, PRC y Anexión a Vizcaya) ha sacado adelante en el pleno de hoy, con sus votos favorables, la aprobacion inicial de la ordenanza municipal sobre la concesión y uso de la tarjeta de estacionamiento y aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Con esta ordenanza, el Gobierno municipal pretende acabar con el uso fraudulento de estas tarjetas. Las sanciones previstas por el Ayuntamiento podrían ascender a los 1.500 euros y la cancelación definitiva de la tarjeta si un vecino comete tres faltas graves o copia la acreditación.
Está considerada falta grave -penada con sanciones que van desde los 101 a los 600 euros y la retirada de las tarjetas por un periodo que oscila entre tres meses y un año- el uso de las tarjetas y el estacionamiento en los espacios reservados al efecto cuando su titular no sea transportado en el vehículo o éste haya sido conducido por él y la cesión y/o uso de las tarjetas a cualquier otro usuario distinto del titular, tanto si es persona con discapacidad como si no lo es.
También tiene la calificación de falta grave el uso de más de una tarjeta por usuario, aunque todas hayan sido válidamente emitidas.
En el Pleno de hoy también se ha constituido la Comisión Informativa de Sanidad, que presidirá el concejal de Anexión a Vizcaya, César Barco, y se modificarán las competencias de la Comisión de Asuntos Sociales.
La Corporación ha designado a el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, y al concejal de Obras, Javier Virto, como representantes de la comisión de control del plan de pensiones.
