La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha criticado este jueves que la administración les niega información sobre los permisos concedidos para la búsqueda de gas a través de la técnica del " fracking " o fracturación hidráulica.
Según explican en un comunicado, se han otorgado permisos de investigación que afectan prácticamente a una tercera parte del territorio de la comunidad autónoma pero en algunos casos no se les está facilitando información, lo que les impide presentar alegaciones.
El colectivo señala que sí tiene información sobre el permiso tramitado por la Consejería de Industria cántabra para investigar en el área de los valles del Saja y Nansa, pero no ocurre lo mismo con otros cuatro permisos que afectan a la región que han sido otorgados por el Ministerio porque afectan a varias comunidades autónomas.
Asegura que se ha dirigido al Ministerio por teléfono y por escrito para pedir información sobre los proyectos, pero no ha recibido respuesta, algo que, a su juicio, supone una "negación fundamental del derecho a la información ambiental".
El colectivo señala que la "negativa" del Ministerio a facilitarles la información les impide a su vez poder alegar o recurrir las autorizaciones.
La única información que tiene la Asamblea contra la Fractura Hidráulica es la que se ha publicado en los últimos años a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).
De esos anuncios se desprende que hay cuatro permisos que afectan a Cantabria concedidos a las empresas Trofagás, Repsol, Petroleum Oil & Gas España y Shesa, que pueden realizar investigaciones con el fin de extraer gas natural utilizando la técnica del " fracking ".
Los permisos, apunta, abarcan varias comunidades autónomas y en el caso cántabro incluyen 37 ayuntamientos que ocupan prácticamente todas las cuencas fluviales del centro y sur regional.
Uno de esos permisos, denominado "Luena" y concedido en enero de 2011 a Repsol, se extiende por un área de casi 75.000 hectáreas entre Burgos y Cantabria y afecta a 17 ayuntamientos de la región de las cuencas del Besaya, Pas-Pisueña y Altos del Asón.
Otro de ellos, de nombre "Bezana-Bigüenzo" y otorgado en diciembre de 2009 a Petroleum Oil & Gas España, incluye más de 179.000 hectáreas del sur de Cantabria (con nueve municipios afectados) y el norte de Castilla y León.
Y el colectivo alude a un tercer permiso, denominado "Usapal" y concedido en febrero de 2008 a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que afecta a unas 75.000 hectáreas entre Cantabria y otras comunidades autónomas.
La asamblea ha lamentado el "secretismo" con el que se están concediendo estos permisos por parte del Ministerio de Industria y ha criticado que no se obligue a las empresas a explicitar el método de extracción del gas.
