Los denunciantes de supuestas irregularidades en la instalación del molino de Vestas han presentado el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia que no aprecia delitos del exconsejero Javier López Marcano (PRC), e insisten en que se le cite a declarar como imputado.
En un auto hecho público esta semana, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechazó asumir la competencia de esta causa porque, a su entender, y de acuerdo con lo investigado hasta el momento, las resoluciones que firmó el exconsejero para el proceso de instalación del molino en Monte Cotío (Campoo de Enmedio) no se pueden incardinar "ni a título de mera sospecha" en el ámbito de la prevaricación.
La representación legal de los denunciantes -ARCA y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria - señalan en su recurso contra esta resolución que, a su juicio, hay "claros indicios delictivos" del exconsejero, que es diputado regional y, por tanto, aforado.
Los denunciantes entienden que López Marcano cometió prevaricación al autorizar un camino de acceso al aerogenerador en la zona del castro de Las Rabas.
Creen que en la conducta del exconsejero concurren "todas las exigencias" de ese tipo penal, de forma que, a su entender, "se puede concluir su "indiciaria imputabilidad".
ARCA y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria inciden en que la instalación del aerogenerador ha supuesto "la destrucción" y "el grave deterioro" de "parte de un importante patrimonio histórico-cultural", protegido legalmente.
Los denunciantes piden al TSJC que cite a declarar como imputado a López Marcano de forma urgente.
Además, solicitan de nuevo que el Gobierno de Cantabria aporte en esta causa el convenio que firmó Vestas con el Ejecutivo y con la Universidad de Cantabria , relacionado con el centro de investigación y la instalación del aerogenerador.
Piden a la Consejería de Cultura y a la sociedad regional Sodercan que remitan copias de los expedientes referidos a la instalación de este molino.
Y reclaman la suspensión cautelar de los acuerdos administrativos que autorizaron el aerogenerador y, en consecuencia, la paralización de su actividad
