María José Saenz de Buruaga y Cristina Mazas comparecieron para explicar el estado de la deuda sanitaria. / Javier Cotera
Las consejeras de Sanidad y Economía han comparecido esta mañana para explicar con detallada transparencia el estado de la deuda sanitaria de Cantabria. Sobre cómo la financiarán, la actitud ha sido la contraria: hermetismo acerca de las vías de financiación que se están estudiando para devolver 261 millones de euros a 821 proveedores. Silencio oficial, “por un criterio de prudencia”, según ha justificado Cristina Mazas.
La responsable de Economía y Empleo no ha querido siquiera confirmar si el Gobierno baraja la implantación del céntimo sanitario, como incorporarán este año la Comunidad Valenciana y Castilla León, y como quiere impulsar también el Gobierno vasco, según han informado sus responsables esta misma semana. Mazas simplemente ha admitido que el susodicho recargo sobre los hidrocarburos es una de las opciones que contempla la ley para financiar la sanidad pública. No ha querido siquiera decir si sí lo estudia o no.
Financiación, desde luego, falta. María José Sáenz de Buruaga, consejera del ramo, ha alertado de que la deuda “ocultada” por el bipartito PSOE-PRC pone en riesgo, no ya el Sistema Cántabro de Salud, “la propia viabilidad de la autonomía”. Palabras mayores que sugieren el calibre de las medidas que se implantarán. De momento, Buruaga se ha centrado en el debe. Los 261 millones de deuda con los que la administración cerró el ejercicio de 2011 se dividen de la siguiente forma: 150 millones de farmacia hospitalaria, 74 de productos sanitarios y 25 de productos tecnológicos. Hay 83.052 facturas “en el cajón” y la demora media es de 303 días, aunque algunas esperan desde hace más de dos años. De los 812 acreedores, 34 reclaman pagos superiores a los 2 millones de euros, principalmente multinacionales farmacéuticas. 142 son pequeñas y medianas empresas de Cantabria.
Aparte, el Ejecutivo de Ignacio Diego afronta reclamaciones de 166 millones, 142 por vía judicial y 23 por la administrativa. Los intereses de demora del primer grupo podrían ascender a 18 millones. Los del segundo, a 2,8.
Sáenz de Buruaga y Mazas han garantizado que en breve presentarán un método de financiación de esta deuda, que probablemente combine varias fórmulas, caso de préstamos del Instituto Oficial de Crédito, devoluciones de la financiación autonómica y, quizá, el céntimo sanitario, algún tipo de copago... La consejera de Sanidad ha reiterado la urgencia “una reforma estructural” de la sanidad pública en España, tarea que, según ha avanzado, anunciará en breve el Gobierno de Mariano Rajoy. Y Mazas, por su parte, ha comprometido la inclusión de todas las facturas cántabras en la contabilidad oficial, ya que ahora son extrapresupuestarias (en proporción, alcanzan el 11% del presupuesto de 2012). “No se podrá hacer en un ejercicio”, ha añadido. Esto es, que Cantabria tardará más de un año en pagar a sus acreedores farmacéuticos.
De momento, se creará “un registro de facturas” para actualizar constantemente el estado de la deuda, y se intentará decir a cada proveedor cuándo cobrará.
