La Asociación cannábica cántabra de ayuda terapéutica (Accat) fue intervenida el pasado miércoles por la Policía Nacional. Como ya adelanto EL DIARIO, esta actuación supuso un duro golpe para sus miembros, aunque no el cierre definitivo del colectivo. Las puertas del local siguen abiertas y su presidente asegura que seguirán luchando para mantener Accat en pie. «¿Por qué te dejan montar una asociación de usuarios de cannabis si luego te tratan como un delincuente?», se pregunta el responsable de esta asociación, la primera y la única de este tipo en Santander. Cuenta con 97 socios, el 45% de ellos terapéuticos y se incluye dentro de la Federación de asociaciones cannábicas (FAC). El día 15, efectivos de la Policía Nacional se incautó de todas las plantas de marihuana (un total de 64) y materiales del colectivo, y detuvo a su presidente. «Nosotros somos un grupo sin ánimo de lucro, no traficantes», afirma el joven. Tras su arresto, el gabínete jurídico Brotons & Albert pedirá «el archivo de las actuaciones para que no lleguen a juicio», matiza.
El 'palo' ha sido gordo. «Estas actuaciones son un problema para las asociaciones de cannabis. Lo que queremos es que exista una regulación -explica-. Porque, por un lado, te permiten fundar estos grupos pero, por otro, parece que te preguntan: "Pero, ¿qué estáis haciendo?"». Accat se fundó en noviembre de 2010. Dos meses después, daba sus primeros pasos de forma oficial: conseguían «tener todos sus papeles», amparados por la "bendición" de la Consejería de Presidencia y Justicia. El colectivo consiguió un local para reunirse y autocultivar su propia marihuana. También pagó religiosamente sus cuotas e incluso contrató a dos personas. Todo iba bien y el número de socios aumentaba. Sin embargo, en enero de este año, la suerte de Accat se torció. Los miembros decidieron mudarse a otro espacio -pues los asociados rozaban el centenar- y unos ladrones aprovecharon los cambios para entrar en su antigua sede. Al poco de trasladarse, los cacos volvieron al ataque: «Se llevaron 60 plantas, material de cultivo y lo que teníamos preparado para la dispensación», explica el presidente. Y, según cuenta, no denunciaron el asalto por miedo a posibles represalias.
El pasado día 10, la Policía Nacional localizó una furgoneta en un aparcamiento de un centro comercial de Santander. En su interior hallaron 50 plantas de marihuana, un saco de tierra, un ventilador y un foco ultravioleta. Todo ello era material sustraído del local de Accat. «Los ladrones cogieron mi agenda de cultivos y eso llevó a los agentes hasta mí», comenta el presidente del colectivo santanderino. Ahí, comenzó una suerte de pesadilla.
Acabar con un vacío legal
Los policías localizaron al responsable: «Vinieron a mi domicilio y yo tenía algunas plantas de cultivo, porque con la mudanza no habíamos podido trasladarlas. Entonces me detuvieron», recuerda. Le acusaron de un presunto delito de tráfico de drogas. «Por ello, quiero dejar claro que somos un movimiento social que reivindica, como alternativa, una regulación del cannabis para acabar con el mercado negro y con los beneficios que perciben algunos», afirma Accat. El colectivo, que cuenta con el apoyo legal de un gabinete jurídico, no entiende por qué les dieron el permiso y ahora les confiscan sus propiedades. «Queremos tener una asociación. Que se acabe ese vacío legal y que haya una regulación, para bien o para mal. Si no quieren que lo hagamos que nos lo digan», comenta. Para acabar con este limbo legal, proponen una regulación para este tipo de clubes sociales.
En diciembre, el Parlamento vasco dio un primer paso en este sentido. Todos los grupos firmaron una proposición no de ley para la creación de una ponencia que estudie la regulación de este tipo de asociaciones. «Pedimos que se controle, que es lo que hace falta y no este tipo de actuaciones», concluye el presidente de Accat.
