FotosMiembros de AMA esta mañana en la sede de Argoños./ Roberto Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha indemnizado por daños morales a 68 propietarios de viviendas de la urbanización Pueblo del Mar, sobre las que pesa sentencia de derribo, a los que ha pagado, en total, unos 700.000 euros, según ha informado hoy a Efe la asociación AMA.
Las indemnizaciones han sido abonadas este jueves a los propietarios: 9.000 euros en el caso de las segundas viviendas y 12.000 para los que la habían comprado una casa como residencia habitual.
Los afectados de Pueblo de Mar suman 78 pero diez no cobrarán indemnización porque la fecha en la que adquirieron sus viviendas es posterior a la sentencia de derribo, ha explicado el presidente de la gestora de AMA, Ciriaco García, que da por cerrado el pago de estas indemnizaciones en Cantabria porque nadie que las haya reclamado está ya pendiente de cobro.
Solo lo hicieron los afectados de Pueblo del Mar y de otra de las urbanizaciones de Argoños, Camino del Portillo, que ya cobraron en 2006 y en abril se les han abonado los intereses de demora.
Esos intereses no están incluidos en los 700.000 euros que ha pagado ahora el Gobierno, que ha comunicado a los afectados que los abonará más adelante.
Ciriaco García ha aclarado que los 5 millones de euros que ha presupuestado el Ejecutivo para este fin tenían por destino el pago de indemnizaciones por los derribos que ya estaban previstos, los de una vivienda unifamiliar en Argoños y las 17 de Cerrías que iban a ser demolidas.
Y ha dejado claro que los afectados seguirán "peleando" para que no se derriben sus viviendas. Ha recordado que, cuando empezaron su lucha, tuvieron que escuchar muchas veces que no iban a conseguir nada, pero han logrado que se paguen daños morales, y, por el momento, que ni una vivienda haya sido demolida, ha subrayado.
La asociación ha celebrado hoy una reunión en Argoños, en la que ha trasladado a los afectados que, mientras no se aclare que va a pasar con el proyecto de Fomento que supuestamente permitiría legalizar viviendas, es mejor seguir trabajando en el plan de derribos junto al Gobierno de Cantabria .
García ha señalado que el proyecto de Fomento no es aún siquiera eso porque está "muy verde", en fase de borrador, aunque salvaría más casas que la modificación de la ley del suelo que estaría planteando Fomento.
Por eso, los afectados optan por la cautela y la prudencia y por seguir trabajando con el instrumento que ya tienen, el plan de derribos.
En la reunión de hoy han nombrado una comisión técnica para analizar en detalle la situación de las viviendas de Argoños, que se reunirá, el próximo 29 de junio, con responsables de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento para empezar a poner "las cartas sobre la mesa" en una primera toma de contacto.
Este grupo de trabajo está formado por representantes de las tres urbanizaciones de Argoños (Camino del Portillo, Pueblo del Mar y La Llana), además del asesor jurídico de la asociación, Antonio Vilela.
Su creación ha sido propuesta por el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, a quien AMA le planteará crear otra comisión técnica para las 102 viviendas de Arnuero, para las que no hay solución en el plan de derribos ni tampoco en el borrador de Fomento porque está en terrenos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
García no descarta que se encuentre una salida,- que, en su opinión, podría pasar por una modificación del POL-, como se ha encontrado para Cerrías, donde ya estaba previsto que entrara la piqueta.
La asociación ha decidido también renunciar al viaje a Madrid que tenía pensado para el mes de julio porque cree que no tiene sentido ir a apoyar un proyecto del que no han conseguido más información que la que les ha trasladado el consejero.
De esa forma retomarán el plan original y celebrarán una nueva marcha entre Argoños y Santander. Repetirán el programa del año pasado: manifestación a su llegada a la ciudad, donde harán noche.
No obstante no renuncian a ir al Congreso y quizá lo hagan en octubre, no saben si para apoyar la reforma legal que para entonces quizá podría estar tramitando el Gobierno de Rajoy o para llevar allí sus propuestas, como aprobar, con rango estatal, una ley para el pago de indemnizaciones antes del derribo como la de Cantabria de 2011 y la posterior de Galicia.
