El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, cree que la exclusión de medicamentos de la financiación pública es una medida que "no es grata pero es necesaria" para garantizar "la sostenibilidad" de los servicios que son "realmente necesarios" como los sanitarios, la educación o la atención a la dependencia.
Así lo ha manifestado este jueves el presidente regional que, a preguntas de la prensa, ha considerado que tomar esta decisión es "un ejercicio de responsabilidad", ya que, "en cualquier economía de un Estado, una región o una familia se debe gastar, comprar y disponer de los servicios que se puedan pagar".
Además, Diego ha asegurado que "no hace falta irse muy atrás" en el tiempo para ver que "esto ya se hizo en una circunstancia económica difícil". "No lo hizo un Gobierno del Partido Popular, lo hizo uno socialista", ha apostillado.
Este tipo de decisiones o medidas están destinadas a "garantizar los servicios necesarios". "Que cuando alguien tenga la necesidad de acudir a Valdecilla sea atendido de manera gratuita, inmediata y en parámetros de calidad; cuando un niño tenga edad de ser escolarizado entre en un sistema escolar gratuito y reciba una educación de calidad; o cuando una persona tenga la necesidad de ser atendido por una dependencia tenga los recursos para recibirlo", ha explicado el jefe del Ejecutivo cántabro.
En su opinión, para garantizar estos servicios habrá que hacer "algunos ajustes necesarios por el camino", unos ajustes que "derivan de errores cometidos anteriormente" y que "ahora", los actuales gestores, tienen que "reconducir", ha indicado.
"Este tipo de decisiones derivan de una situación económica que es la que es, que es tremendamente difícil y dura y a la que nos han llevado decisiones equivocadas o que no se debieran haber tomado en los últimos cuatro años de crisis y con las que se engañó a los ciudadanos, se les mintió y se les dijo que teníamos una economía de Champions League", ha criticado Diego.
El copago en Cantabria
Cantabria "ya está preparada" para aplicar a partir del 1 de julio el copago farmacéutico tras un proceso que, según la Consejería de Sanidad, se ha desarrollado "en un tiempo récord" y ha requerido "un importante esfuerzo técnico, humano y de gestión" del Servicio Cántabro de Salud y "la imprescindible colaboración" del Colegio de Farmacéuticos y las farmacias.
Según el Gobierno regional, la adecuación a los nuevos niveles de aportación ha obligado al SCS a revisar la situación de las 570.071 personas que tienen tarjeta sanitaria, de acuerdo con sus propios datos y los suministrados por la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.
Uso fraudulento de la tarjeta sanitaria
En este proceso, el SCS ha identificado a 1.817 trabajadores activos que compraban medicamentos con tarjeta sanitaria de pensionista y a 10.732 personas que figuraban como beneficiarios a pesar de cumplir todos los requisitos para ser titulares de una tarjeta sanitaria, como trabajadores activos. A todos ellos, se les ha expedido una nueva tarjeta sanitaria.
El Servicio Cántabro de Salud asignará un código de aportación a todos los ciudadanos con tarjeta, que figurará en el sistema de receta electrónica, de manera que las farmacias sabrán automáticamente qué porcentaje del medicamento tienen que cobrar al usuario, que no tendrá que hacer un solo trámite.
