Las farmacias cántabras se preparan para el copago sanitario, en vigor este domingo. / Sé Quintana
Quedan exentos
La entrada en vigor del copago sanitario obligará a 132.788 pensionistas cántabros a pagar parte de sus medicamentos a partir del próximo domingo. Con la mayoría de las farmacias revolucionadas y la ministra del ramo exhibiendo el «éxito» del Consejo Interterritorial de Salud celebrado hasta altas horas el miércoles en Madrid, la medida aprobada por el Gobierno para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud supondrá que prácticamente todos los ciudadanos pagarán más por las medicinas que necesiten. Sólo los que reciben una renta no contributiva –que en Cantabria son 6.287 personas–, los parados de larga duración, 23.415, y los 3.000 receptores de la Renta Social Básica, quedarán al margen del copago sanitario. Todos los demás, hasta esos casi 133.000 pensionistas cántabros con tarjeta sanitaria, comenzarán a pagar en relación a la renta que perciban.
Hace once años que en España no se revisaba la situación de los beneficiarios de la Seguridad Social. En Cantabria ha sido necesario analizar la de las 570.071 personas que tienen tarjeta sanitaria, cotejando los datos del Servicio Cántabro de Salud, los suministrados por la Seguridad Social y los que ha remitido el Ministerio de Hacienda.
Fruto de ese trabajo, se ha descubierto que 1.817 trabajadores activos compraban medicamentos con tarjeta sanitaria de pensionista. El número está lejos de los 200.000 que Ana Mato aseguró hace sólo unos días que se han detectado en todo el territorio español, pero es proporcionalmente considerable. Lo que el Gobierno ha calificado de fraude ha permitido beneficiarse a estos asociados de las condiciones de gratuidad del titular de una cartilla de pensionista.
Queda ahora, cotejados los datos y descubiertos los infractores, decidir si se impone algún tipo de cargo a aquellos que incurrieron en fraude, pero el Gobierno ha dejado en manos de las autonomías cómo resuelve ese asunto y en Cantabria aún no lo han hecho. Pero hay más: 10.732 personas figuraban en Cantabria como beneficiarios a pesar de cumplir con todos los requisitos para ser titulares de una tarjeta sanitaria como trabajadores activos.
Sin problemas
Tras semanas de trabajo, ayer la Consejería de Sanidad anunció que Cantabria está preparada para aplicar el Real Decreto sin problemas. En este tiempo ha sido necesario desarrollar un trabajo que desde el Ejecutivo califican de «impresionante» y que ha arrastrado a toda la comunidad de farmacéuticos. También ellos afirman que están en disposición de cumplir y hacer cumplir la nueva norma, pero no todos los problemas están resueltos. Cantabria está dentro del gran paquete de comunidades autónomas obedientes con las normas fijadas desde el Gobierno, pero ¿qué pasará cuando un señor de Andalucía, País Vasco o Cataluña, que ya han dejado claro su rechazo a la medida, se propongan comprar sus medicinas en Cantabria? Ese es precisamente uno de los asuntos que la farmacias de Cantabria deben resolver y que más enfada a la consejera cántabra. María José Sáenz de Buruaga dijo ayer que el Gobierno vasco está todavía a tiempo de reconsiderar su decisión de no implantar la aportación farmacéutica del usuario en función de la renta; y que, en su opinión, «se trata de una medida jurídicamente inadmisible, que atenta contra los principios de igualdad, equidad y cohesión en los que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud». La titular de la consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria aseguró también que, aunque «respeta» las argumentaciones del País Vasco, «no le valen», y reclama de su colega vasco, Rafael Bengoa, «un gesto de responsabilidad y solidaridad».
Las fórmulas
¿Cómo funciona el nuevo sistema? El Servicio Cántabro de Salud asignará un código de aportación a todos los ciudadanos con tarjeta que figurará en el sistema de receta electrónica. De esa forma, las farmacias sabrán automáticamente qué porcentaje del médicamente que uno va a comprar tienen que cobrar.
Las estimaciones iniciales apuntan a que la mayor parte de los 132.788 pensionistas registrados en Cantabria a 1 de junio pagarán como máximo 8 euros la mes por sus medicinas, teniendo en cuenta que la pensión media se sitúa en esta comunidad en 863,10 euros.
Por otro lado, aquellos que superen el tope mensual de aportación, fijado en 8, 18 y 60 euros, según cada nivel de renta, el dinero se les reembolsará en la cuenta bancaria en la que tenga domiciliada la pensión. Y aquí se sitúa la siguiente incógnita: ¿Cuándo se devolverá ese dinero? El Consejo Interterritorial celebrado el miércoles acordó que el abono se efectúe cada tres o cada seis meses, según un criterio que deberá fijar cada comunidad autónoma y que Cantabria aún no adoptado. Lo que sí se ha resuelto es que si la cantidad a reintegrar es igual o inferior a los siete euros, se acumulará a la cantidad a devolver en el siguiente periodo de reintegro. Además, se ha acordado establecer un tope de aportación mensual de 30 euros de forma que cuando un usuario alcance esa cantidad no pague el resto de las recetas del mes. Esta medida podrá aplicarse en comunidades que, como Cantabria, tienen implantado el sistema de receta electrónica. Por demás, y como es complicado, se ha puesto a disposición de ciudadanos un servicio de información –012– que atenderá de 9.00 a 21.00 h. de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 h. los sábados.
