Céntimo sanitario
El presidente regional, Ignacio Diego, ha asegurado hoy que Cantabria "de momento" no se plantea acudir al fondo de liquidez autonómico del Gobierno de España como sí ha hecho Valencia, ya que la comunidad autónoma "está cumpliendo las exigencias" de cumplimiento de déficit del 1,5% del PIB.
Eso sí, Diego ha reconocido que si bien el capítulo de gastos se está ajustando no ocurre lo mismo con los ingresos por lo que "todos los días estamos haciendo recortes en los presupuestos pero sin que los cántabros lo noten en los servicios públicos. "Los ciudadanos no perciben este ejercicio de autoexigencia y de funcionamiento más eficiente de los servicios que presta la Administración, porque lo que estamos haciendo es conseguir que se presten los mismos servicios con menos coste", ha recalcado.
Diego ha realizado estas declaraciones antes de intervenir en una jornada dedicada a los emprendedores que se está desarrollando en Sodercán a lo largo de toda la mañana.
El presidente ha recordado que ya se realizaron ajustes en el presupuesto regional para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 %, pero como los ingresos se han reducido, "una vez más se abre la grieta del déficit", lo que obliga a hacer un nuevo ejercicio de ajuste.
Según dice, el Ejecutivo ha ajustado ya dos veces los presupuestos de este año en cuantías importantes y lo sigue haciendo "casi a diario" con análisis profundos de las partidas de gasto intentando que no afecte a los servicios que se prestan a los ciudadanos.
A su juicio, esos ajustes seguirán siendo necesarios, pero ha insistido en que se hará como hasta ahora, prestando los mismos servicios con menor coste y sin que lo noten los ciudadanos.
Diego ha reiterado que el presupuesto es una herramienta "viva" y en un momento como el actual "no queda más remedio que estar vigilantes, ser plenamente responsables sobre lo que supone no cumplir el déficit y hacer un ejercicio permanente de acomodación del presupuesto"
No se tocarán las nóminas de los funcionarios
Por otro lado, el presidente de Cantabria ha asegurado que su Gobierno procurará no tocar "para nada" las nóminas de los empleados públicos después de la supresión de la paga extra de Navidad. "En Cantabria procuraremos que no ocurra semejante cosa", ha dicho.
Así lo ha indicado tras ser cuestionado sobre las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que aseguró que la nómina de los funcionarios corren riego de impago si no sube la recaudación.
Sobre la supresión de la paga extra de Navidad, Diego ha recordado que "no sólo afecta" a los funcionarios, sino también y "en igual medida" a los empleados de las empresas públicas y a todos los cargos del Gobierno.
La situación en el resto de España
La tormenta política desatada por la decisión de la Comunidad Valenciana de pedir su entrada en el fondo de rescate autonómico, cosa que hizo en cuanto el Congreso ratificó el jueves su creación, ha puesto en guardia a otros gobiernos regionales, acuciados también por la falta de liquidez, y que hasta ahora tenían previsto ser de los primeros en acceder al mecanismo estatal pensado para facilitar el pago de su deuda pública. La urgencia en las necesidades de liquidez se mantiene, pero temen los costes políticos de inaugurar la lista de rescatados y las condiciones que el Gobierno impondrá a los beneficiarios, que CiU, pese a ver con buenos ojos la medida, definió como «draconianas».
En este momento son varias las comunidades que sopesan si deben o no seguir los pasos de Valencia y cuándo hacerlo. En sus cálculos ya no solo pesa lo lógico, si van o no a ser capaces de financiar los vencimientos de la deuda y los nuevos préstamos que deben firmar en 2012 para sufragar el déficit por sus propios medios -mediante el acceso individual al mercado financiero- o si deberán recurrir a los fondos que ahora ofrece el Estado a precios similares a los de los bonos del Tesoro. También estudian qué cesión de soberanía presupuestaria pueden tener que verse obligadas a hacer al Ministerio de Hacienda, que es quien se encargará de hacer cumplir las duras condiciones y los controles a que compromete el ingreso en el Fondo de Liquidez Atonómica (FLA), y el coste político que ello les conllevará.
En este mar de dudas parece navegar la Región de Murcia. El Ejecutivo regional emitió hoy un comunicado oficial para desmentir «rotundamente» que haya decidido solicitar su adhesión al FLA después de que su presidente, Ramón Luis Valcárcel, dijese que pretendían hacerlo en una entrevista publicada este domingo por el diario local 'La Opinión'.
Valcárcel, que pudo realizar sus declaraciones el viernes al mediodía, posiblemente antes de que eclosionase la polémica por la solicitud de rescate financiero de la Comunidad Valenciana, respondió con un «claro que sí, estamos deseando» a la pregunta de si «¿tiene previsto su Gobierno solicitar ayuda al fondo que ha creado el Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas?» (sic).
Intervenidos
En su respuesta, también advierte de que «nadie piense que nos van a regalar el dinero, las condiciones van a ser durísimas», y avanza que podrían pedir fondos por valor de entre 200 y 300 millones, cantidad muy similar al vencimiento de deuda que esta comunidad tendrá que afrontar en el último trimestre de 2012, 297 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda. El presidente murciano cree que, en la práctica, todas las autonomías estarían ya intervenidas, ya que Hacienda les ha obligado a abordar ajustes y recortes que de otra forma quizás no se habrían hecho.
Tras toda la mañana del domingo en silencio, el Gobierno murciano negó por la tarde en una nota que haya tomado decisión alguna sobre su adhesión al FLA, pero añadió que «lo está estudiando». Indicó que cualquier decisión futura dependerá de «la evolución económica y del funcionamiento del plan de reequilibrio económico y financiero de la región».
Entre los que también han reconocido que lo tienen en estudio son los ejecutivos de Cataluña y Castilla-La Mancha, la primera y tercera autonomías con más cantidad de deuda sobre el PIB -con Valencia entremedio-, regiones son serios problemas de liquidez y alto déficit, y, lo que es fundamental, con fuertes vencimientos de deuda en la segunda mitad de 2012, para los que ven difícil lograr financiación por sus propios medios.
Otro grupo de diez autonomías ha descartado, con mayor o menor grado de rotundidad, que vayan a tener que acceder al fondo de rescate para poder negociar su deuda antigua o nueva antes del final de 2012. La decena la encabezan las cinco comunidades con menor peso de deuda sobre su PIB de todo el país -Madrid, Euskadi, Canarias, Asturias y Cantabria -, a las que, según palabras de sus presidentes o altos cargos, se suman Galicia, Extremadura, Navarra, Baleares y Andalucía. En el caso de la última, lo afirmó su vicepresidente, Diego Valderas, pese a que no existe una decisión oficial en el Gobierno de coalición PSOE-IU. Tiene en su contra la obligación de enfrentar el vencimiento de más de 1.600 millones ante de que acabe el año.
