El primer derribo de una vivienda con sentencia de demolición en el municipio de Argoños se va a producir en los primeros días de septiembre, según ha anunciado hoy el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, que ha explicado que se trata de una casa unifamiliar inacabada.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Losada. De esta forma, el Gobierno regional ha cumplido con el compromiso que adquirió de presentar a los magistrados los avances dentro del Plan de Derribos, que aprobó hace casi un año, en septiembre de 2011.
Argoños es el municipio con más viviendas declaradas ilegales en Cantabria -hay más de 260-, y ya el Plan de Derribos preveía que esa primera demolición se ejecutara en este año 2012. Se trata de una de las cinco viviendas que se corresponden con la licencia de Pepín Cano, y es una casa que no se terminó de construir, ya que la sentencia recayó antes de que le concedieran el permiso de primera ocupación.
El derribo se ha adjudicado ya y, según ha indicado Fernández, por el momento el coste lo asume el Consistorio, sin perjuicio de que más adelante se llegue a convenios para compartir gastos en casos de responsabilidad solidaria, con Argoños y con otros municipios.
El consejero ha destacado que, desde que se aprobó el Plan de Derribos del Gobierno, se han ido "dando los pasos" y llevando a cabo las medidas previstas en este documento.
Fernández ha señalado que el objetivo ha sido ir avanzando en cada una de las urbanizaciones o viviendas con fallos de derribo y, al respecto, ha aludido a los grupos de trabajo específicos que se han constituido, para El Encinar (Arnuero), Cerrias (Liencres, en Piélagos) y Argoños.
Ha subrayado que la mayor parte de las legalizaciones dependen de modificaciones de planeamiento. Y en todos los municipios con viviendas con sentencias de derribo se está trabajando en ese sentido.
Así, ha resaltado los avances en el municipio de Escalante que, según las previsiones de la Consejería, podrá contar con un nuevo plan general en un año o año y medio.
Y ese nuevo planeamiento servirá para la legalización de las 32 viviendas y cinco locales de Las Torres, según Fernández.
El consejero ha señalado que en Miengo el plan general también "dará solución" a los dos casos de viviendas con sentencias de derribo, mientras que en San Vicente de la Barquera el nuevo planeamiento llegará en 2013 y resolverá la situación de la urbanización de La Marina.
Fernández ha hablado además del caso de Cerrias y ha recordado que la reforma de la Ley de Costas que está impulsando el Gobierno de la nación podría salvar las 17 viviendas de esa urbanización y, por tanto, cree que "hay que ser cautelosos". Por ello, aunque el Plan de Derribos contemplaba la demolición de siete de esas viviendas en 2013, el consejero no descarta un aplazamiento de esa ejecución hasta el año que viene, a la espera de la marcha de la reforma de ley.
El consejero ha abogado por "ir dando pasos", tramitando los expedientes de responsabilidad patrimonial de Cerrias "en paralelo" a los trabajos para la reforma de la Ley de Costas.
"Si la Ley de Costas permite la legalización, se legaliza, y si no la permite, se lleva a cabo la ejecución de la sentencia conforme al Plan de Derribos", ha aseverado Fernández.
De este modo, ya se están valorando las siete primeras viviendas -que, de acuerdo con el Plan de Derribos tendrían que tirarse en 2013- para indemnizar a los propietarios si las casas no quedan amparadas por la reforma de la Ley de Costas.
El consejero también ha apuntado la posibilidad de que una reforma de la Ley del Suelo por parte de Fomento pueda impedir la demolición de gran parte de las viviendas con sentencias de derribo en los casos de terceros de buena fe.
Y ha recordado que en Arnuero ya se ha producido un acuerdo para fijar un calendario para el derribo de los apartamentos de El Encinar de Isla, que coincide con lo recogido en el Plan de Derribos del Ejecutivo, que fija esa demolición en 2018.
El Ayuntamiento, los propietarios de las casas de El Encinar, el Gobierno y la constructora Cenavi han acordado con ARCA -la entidad demandante- una transacción para el derribo de los apartamentos que quedan en pie en esa urbanización, con la construcción de viviendas en otro solar, y la regeneración de la zona donde se ubican.
Asimismo, Fernández ha incidido en que antes de final de año se van a legalizar otras cuatro viviendas en Argoños, en Camino del Portillo.
Por todo ello, ha resaltado que "el camino es esperanzador", dadas las reformas legales y porque el Plan de Derribos "sigue adelante" y "va al ritmo esperado".
