Los funcionarios del Ayuntamiento de Santander no solo se quedarán sin la paga de Navidad y sin parte de su salario con la nueva normativa aprobada por el Gobierno central. Las medidas a las que Madrid obliga a los ayuntamientos de todo el país se materializarán también en menos días libres a partir del 1 de enero del año que viene. Los cerca de 1.400 empleados municipales de Santander, entre funcionarios y laborales, perderán ocho días de descanso. Los 24 de vacaciones se quedarán en 22, los seis de asuntos personales o ‘moscosos’ se reducirán a la mitad y desaparecerán los dos días de permiso de Navidad y el de la festividad de Santa Rita. También desaparece el mes de vacaciones por 25 años de servicio. En resumen, los 33 días libres que disfrutan actualmente los funcionarios quedarán recortados a 25.
Además, la ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales, aprobada por Moncloa a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, supone para el Ayuntamiento de Santander un incremento medio de 117.700 horas anuales de trabajo, lo que equivale a un total de 71 empleados a jornada completa.
Este adelgazamiento de las vacaciones fue uno de los cinco puntos tratados en la reunión que Consistorio y sindicatos –tres miembros de CSIF, tres de UGT, uno de CCOO, uno de USO y uno de APL– mantuvieron el pasado martes durante cuatro horas y media. Un encuentro «largo y denso», según los asistentes, en el que se acordaron por unanimidad, según el acta, los cuatro capítulos del Plan de Recursos Humanos –todavía no aprobado– que permitirán amoldarse a la nueva normativa nacional. El llamado Real Decreto-Ley para garantizar la estabilidad presupuestaria. El quinto punto que se llevó a la reunión no está vinculado a esa imposición del Gobierno central. El Ayuntamiento pretende suprimir la póliza del Igualatorio Médico de la que disfruta un tercio de la plantilla municipal –356 trabajadores–, y que todos los funcionarios estén asistidos por la Seguridad Social, pero la propuesta quedó sobre la mesa debido al rechazo de los representantes sindicales. Con la eliminación de esa póliza el Consistorio se ahorraría 1,2 millones de euros al año.
A partir del próximo mes de octubre entrarán en vigor dos de los puntos ya pactados. El primero, las prestaciones económicas por incapacidad temporal. El Real Decreto deja un margen a la negociación, entre el 75% y el 100% del salario en caso de accidente laboral. Ese último porcentaje será el que finalmente aplique el Ayuntamiento. El segundo capítulo es el de la supresión de los liberados sindicales, que en este caso se quedará en una reducción. También se aprobó la suspensión de la prórroga de la jubilación, aunque el Ayuntamiento estudiará «caso por caso y año por año» todas las peticiones que se pidan. Sólo el año que viene está previsto que 27 empleados cumplan la edad de jubilación.
Una vez negociada con los sindicatos, el Plan de Recursos Humanos se someterá al Pleno de la Corporación. Su aprobación generará cambios en las cláusulas del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral, que se encuentran prorrogados al haber finalizado su periodo de aplicación.