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La reforma de la Ley de Costas permitirá que en Cantabria continúen 122 concesiones abocadas al cierre

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La reforma de la Ley de Costas permitirá que en Cantabria continúen 122 concesiones abocadas al cierre

El delegado del Gobierno subraya que el "obstáculo" ahora no sería la norma sino el cumplimiento de las medidas medioambientales exigidas en ella

10.05.13 - 12:44 -
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La reforma de la Ley de Costas permitirá que en Cantabria continúen 122 concesiones abocadas al cierre
Foto: Sane

La nueva Ley de Costas, que ha culminado su tramitación parlamentaria, permite en Cantabria la prórroga de 122 concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre que estaban abocadas al cierre en 2018, cuando caducaban conforme a lo estipulado en la norma anterior.

El delegado del Gobierno en Cantabria , Samuel Ruiz, ha hablado en una rueda de prensa de esta reforma legal, junto al delegado territorial de Costas, José Antonio Osorio.

El delegado del Gobierno ha explicado que, antes de la reforma de la ley, la concesión de ocupación, de 30 años, caducaba en 2018, fecha tope fijada por la ley de 1988.

Y ha señalado que la nueva norma -que ha contado en el Congreso con el voto a favor del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición- abre la puerta a que las empresas afectadas prolonguen sus concesiones, en algunos casos concretos con un informe ambiental previo que autorice su actividad.

En Cantabria , principalmente cuentan con ese tipo de concesiones en dominio público marítimo terrestre empresas expendedoras de alimentos y bebidas o vinculadas a la hostelería, y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Pero tampoco se producen prórrogas automáticas, pues algunas actividades necesitan de ese informe ambiental previo al que ha aludido Ruiz.

Se trata de "dos o tres" empresas en toda la región, con una actividad más relacionada con la siderurgia y que se ubican en el entorno de la Bahía de Santander.

Por todo esto, el delegado del Gobierno ha subrayado que, con la nueva Ley de Costas, se fomenta el desarrollo de la actividad "con más seguridad" y "certidumbre", y de acuerdo con un uso sostenible del litoral.

Ruiz recalca que la nueva ley resuelve los problemas del anterior texto -de 1988- "con racionalidad, sentido común y realismo", y se "adapta" a la situación "de este momento".

Lucha contra el cambio climático

Pero además, a su juicio, esta ley "adelanta el futuro" porque es una herramienta para luchar contra los efectos del cambio climático.

Y, como ejemplo, el delegado del Gobierno ha aludido a que la ley recoge que las obras que se realicen en construcciones en el litoral deberán llevar aparejadas mejoras de eficiencia energética y en el consumo del agua.

Sin embargo, la reforma prohíbe "rotundamente" la construcción de nuevas edificaciones en la costa, y sólo autoriza las obras si no implican incrementos de volumetría o altura.

Como novedad, y para "evitar situaciones irreversibles", los delegados del Gobierno podrán paralizar cautelarmente una obra a la espera de la decisión que tomen los jueces -lo que se denomina como "cláusula antialgarrobico"-.

Ruiz destaca que el Gobierno de España está "convencido" de que "no hay razón alguna" para oponer el medio ambiente a la actividad económica, siempre que se respete la costa y sus valores naturales.

Y ello porque la nueva norma mejora la protección de la costa, aumenta la seguridad jurídica en las concesiones y "concilia" la actividad económica y el empleo con la sostenibilidad ambiental, asegura.

La reforma también distingue entre tramos de playa naturales y urbanos, y en este último caso permite que se celebren eventos deportivos con colocación de graderío.

El delegado del Gobierno insiste, como una virtud de este nuevo texto, en que se "mejora la seguridad jurídica" y se "clarifican" las concesiones de dominio público marítimo-terrestre.

Y, en este sentido, Ruiz manifiesta que la ampliación hasta un máximo de 75 años de las concesiones incentivará a las empresas y explotaciones a realizar las inversiones para ser más eficientes, dado que ahora "las podrán amortizar".

De hecho, la Cámara de Comercio de Cantabria realizó un estudio en el que se calculaba que la aplicación de la Ley de Costas anterior afectaba a más de 1.200 empresas abocadas al cierre y a 25.000 empleos.

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