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Cantabria avisa al Estado de que cualquier pozo de fracking contaminará el subsuelo

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Cantabria avisa al Estado de que cualquier pozo de fracking contaminará el subsuelo

Las alegaciones del Gobierno regional subrayan que también será "imposible guardar unas distancias mínimas de seguridad con los núcleos de población"

24.03.14 - 19:40 -
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"La conclusión a la que llegamos es que, prácticamente, con independencia del lugar del territorio cántabro donde se quiera perforar para efectuar fracturación hidráulica, se va a afectar a alguna de las masas de agua subterráneas" que atraviesan la región. Las alegaciones que ha presentado el Gobierno de Cantabria contra el recurso de inconstitucionalidad del Estado que ha suspendido la ley autonómica que prohíbe el facking recorren todos los riegos que conlleva esta minería para extraer gas pizarra. Argumenta que en una región que "rezuma agua por todos sus poros" y que presenta, además, un suelo "horadado prácticamente en todos sus rincones", supone una "bomba de relojería", "un riesgo inasumible para la sociedad actual y para las futuras generaciones". En definitiva, un "auténtico atentado ecológico".

Según el gabinete de Ignacio Diego, su incidencia en la comunidad sería especialmente perjudicial por las nueve cuencas fluviales que la atraviesan, por las 6.500 cuevas (1.500 de ellas con yacimientos arqueológicos) que quedarían expuestas, y por las repercusiones en la salud pública de los 353 productos químicos potencialmente tóxicosque se mezclan con agua para localizar y desencapsular las bolsas de gas en el subsuelo.

Las alegaciones también responden a los argumentos que ha utilizado el Estado para asegurar que la ley del fracking excede las competencias regionales. El Ejecutivo cántabro dice haber adoptrado "medidas adicionales de protección medioambiental" precisamente para garantizar la salvaguarda de ese patrimonio acuífero y geológico indicado. También entiende que su prohibición encaja con la autonomía para legislar sobre el uso del suelo (ordenación del territorio), y que se adecúa a la Ley General de Salud Pública nacional, pues antepone la prevención ante hipotéticos efectos contaminantes.

Como tercer bloque de argumentos, el documento enviado al Triubunal subraya que el ejemplo cántabro ha sido imitado en otros lugares: "El hecho de que otras comunidades autónomas (como La Rioja o Navarra) hayan aprobado leyes similares, o estén en trámite de aprobarlas (Aragón, Baleares, Valencia, País Vasco), no hace sino poner de manifiesto la seriedad de los riesgos medioambientales y sanitarios que plantea la técnica de fracturación hidráulica"

El Gobierno recuerda que las dos motivaciones de la ley fueron precisamente dichos riesgos y "la honda preocupación social existente". Algunos elementos del "impresionante patrimonio cultural de Cantabria", como Altamira o El Soplao, "se pueden llegar a ver seriamente amenazados". Además, la dispersión de la población en un conjunto de 102 municipios hace "imposible guardar unas distancias mínimas de seguridad entre los pozos y los núcleos de población".

Con la norma ahora suspendida de forma cautelar, "no se prohíbe la investigación, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (gas esquisto), sino la concreta técnica de fracturación hidráulica", matizan las alegaciones. Si las compañías energéticas utilizaran otra minería distinta, menos nociva, el Gobierno regional la aceptaría.

Porque en ningun caso el Ejecutivo de Diego duda de la inconvencia del fracking. "Requiere el uso de numerosas sustancias químicas en el líquido de fracturación. Diversos estudios han identificado hasta 632 sustancias químicas distintas, de las cuales 353 prsentan potenciales efectos adversoso sobre la salud pública". Algunas, incluso "han sido reconocidas como cancerígenas", añade, tras apoyarse en documentos de la Unión Europea. "Numerosos gobiernos de Europa, como los de Francia, Bulgaria, Renania del Norte-Westfalia en Alemania", así como una serie de estados de Estados Unidos, tengan en vigor actualmeente una prohibición o apliquen una moratoria", indica.

El Tribunal Constitucional, con los argumetnos de ambas partes, resolverá ahora si mantiene la suspensión de ley mientras dictamina sobre el fondo del asunto (la constitucionalidad de la prohibición), proceso que podría durar varios años.

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