Guatemala, 28 jul (EFE).- Centenares de indígenas de comunidades donde funciona una mina de oro, propiedad de la canadiense GoldCorp, presentaron hoy una demanda penal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, Erick Álvarez, por un supuesto delito cometido hace nueve años.
Los indígenas acusan a Álvarez de haber promovido en 2001, en representación de la empresa Peridot, vinculada a Montana Exploradora, la subsidiaria de Guatemala de GoldCorp, un proceso de "titulación supletoria" para apropiarse de los terrenos donde funciona la mina Marlín, que legalmente pertenecen a la comunidad de San Miguel Ixtahuacán.
"La ley señala que comete delito de falsificación ideológica quien pretendiera apropiarse de un bien propiedad de un tercero, y en este caso el señor Álvarez pretendió que su representada se hiciera de los terrenos donde funciona la mina", dijo a Efe el abogado Benito Morales, representante de los querellantes.
Se trata, precisó el letrado, de un terreno con una extensión de 20 kilómetros cuadrados, que está inscrito a nombre de San Miguel Ixtahuacán, en donde a pesar de la oposición de los vecinos desde 2005 funciona la mina Marlín.
Según Morales, el ahora presidente de la CSJ debe ser procesado por "el delito continuado de falsedad ideológica, debido a que la acción emprendida en 2001 continúa afectando a los habitantes" de esa población.
Aunque los tribunales aún no fallan sobre la pretensión de Peridot de inscribir a su favor el terreno, la mina inició operaciones hace cinco años, según Morales, "por la complicidad del Estado que ha apoyado la explotación minera a pesar de que ello vulnera la salud y seguridad" de los habitantes de las áreas vecinas.
El pasado 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Estado guatemalteco suspender de forma "cautelar" las operaciones de la mina Marlín, debido a que la misma ha causado daños a los pobladores de las comunidades Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, así como a sus fuentes de agua y medio ambiente.
El 23 de junio, el Gobierno anunció que acataría la orden de la CIDH, por medio de un proceso administrativo, pero no precisó detalles sobre la suspensión de las operaciones de esta mina.
Según cifras oficiales, en promedio cada año la mina Marlín produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.
La querella en contra del presidente de la CSJ es respaldada por la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, el Consejo de Pueblos de Occidente, la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).
De ser admitida la demanda, la Fiscalía deberá solicitar al Parlamento retirar a Álvarez el derecho de inmunidad de que goza y suspenderlo del cargo, para que pueda hacer frente a las acusaciones. EFE
