Alicante, 17 jul (EFE).- El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante, Gabriel Moreno, ha anunciado hoy que su grupo "se plantea" recurrir a la Justicia para pedir la suspensión del acuerdo plenario que permite la llegada de residuos procedentes de otros planes zonales al vertedero de la partida de Fontcalent.
Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas al término de un pleno municipal, convocado con carácter urgente y extraordinario, en el que el gobierno popular ha rechazado la admisión de un recurso de reposición presentado por los grupos del PSPV-PSOE y EU contra un acuerdo plenario del pasado mes de mayo que validaba la llegada de basuras de otras localidades a Fontcalent.
Según el edil socialista, el ejecutivo municipal comete "un error" e, incluso, un acto de presunta "prevaricación", al entender que ese acuerdo es "ilegal" porque la moción de los populares se presentó "fuera de plazo" (menos de una hora antes del pleno de mayo).
"El PP está acostumbrado a no acatar las leyes", ha opinado Moreno, tras incidir en que se ha adoptado un acuerdo, a su juicio, "injusto y a sabiendas de ello".
Por ese motivo, el grupo municipal socialista se "está planteando" la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo.
El concejal socialista ha criticado también que el empresario Enrique Ortiz tenga "todos los contratos" de la ciudad por la "especial relación de amistad" que, según Moreno, mantiene con la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo.
"Nos negaríamos a la propuesta (de aceptar basuras de otros municipios) fuera quien fuera el contratista", ha remarcado el edil socialista, para quien "es inevitable" que salga el nombre de Ortiz en Alicante.
Por su parte, el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha lamentado que la capital alicantina tenga una alcaldesa y un "próximo vicealcalde", en referencia al concejal Andrés Llorens, a quienes "lo único" que preocupa es "beneficiar a una serie de empresarios".
Ha opinado que el PP sigue "saltándose a la torera" el reglamento orgánico del pleno y antepone "beneficios privados de una empresa que es Inusa, cuyo accionista mayoritario es Enrique Ortiz", a los intereses "ciudadanos y medioambientales", además de al "correcto" tratamiento de los residuos y a la "protección" de la salud de los vecinos.
"A este gobierno todo le da lo mismo", ha sentenciado Pavón. EFE
