Madrid, 8 ago (EFE).- Las organizaciones de defensa de los inmigrantes han anunciado hoy manifestaciones para el próximo 1 de septiembre, fecha a partir de la cual se retirará la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles', una medida que, según los médicos, saturará los servicios de urgencias.
Las reacciones se han sucedido un día después de que el Ministerio de Sanidad explicara que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, tendrán que pagar una cuota mensual si quieren tener una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La medida está diseñada para españoles "rentistas" que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares.
La plataforma "Tenemos derecho a la salud sin condiciones", integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes, ha asegurado que el 1 de septiembre habrá manifestaciones en distintas ciudades para reclamar al Gobierno que retire el decreto que modifica su cobertura sanitaria.
Uno de los portavoces de la plataforma Víctor Sáez ha afirmado, en declaraciones a Efe, que la normativa "segrega a una parte importante de la sociedad, que deja al margen de la atención sanitaria e incorpora un elemento de copago, como una manera elegante de marginar a las personas indocumentadas, al tener que pagar una alta cifra que no tienen".
La plataforma prepara diversas actividades en hospitales públicos y está realizando "talleres para informar de los derechos que se vulneran y para hacer una potente demostración ese sábado -1 de septiembre- por la mañana".
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha vaticinado que el uso abusivo que se hace actualmente de estos servicios empeorará aun más cuando se retire la tarjeta a los inmigrantes ilegales, al convertirse en el único recurso con el que contarán ante un problema de salud.
El presidente de SEMES, Tomás Toranzo, ha declarado a Efe que cuando entre en vigor esta medida, aumentará "en mucho la frecuentación" de los servicios de urgencias por parte de quienes pierdan su derecho a la Atención Primaria por no cotizar en España, salvo que, como planea el Ministerio de Sanidad, paguen una cuota si quieren cobertura completa.
Ha señalado que los inmigrantes sin papeles buscarán atención médica no solo en casos urgentes sino "ante cualquier contingencia de salud", lo que va a aumentar "la demanda innecesaria" de estos servicios y "dificultará y complicará aun más la situación".
Hasta el momento son más de 900 los médicos que han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyc).
En cuanto a las reacciones de los partidos políticos, el PP, a través de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha mantenido que es "lógico" que los inmigrantes irregulares paguen la sanidad "como lo hacemos todos los españoles".
Sin embargo, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado de "inaceptable" que los 'sin papeles' tengan que pagar una cuota para tener cobertura completa en el SNS y ha pedido al Ejecutivo que "recapacite".
En este sentido, Cáritas ha instado tanto al Gobierno como a los partidos políticos a una "reflexión profunda" sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud.
Algunas comunidades autónomas como Cataluña y Asturias han indicado hoy que mantendrán el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes irregulares. EFE
