Buenos Aires, 12 ago (EFE).- La huelga en el metro de Buenos Aires, que hoy cumple su novena jornada consecutiva y que no parece aproximarse a una solución, ha reavivado el conflicto entre el Gobierno de la capital argentina y el Ejecutivo que encabeza la presidenta Cristina Fernández.
El impacto de esta medida de fuerza, la más prolongada que se recuerda en el metro de Buenos Aires, se veía hoy reducido por la escasa actividad del domingo, pero el casi millón de usuarios que los días laborales utiliza este medio de transporte se prepara para vivir este lunes otra jornada de caos en la ciudad, como las registradas en la última semana.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que reclama un alza salarial del 28 %, no ha acatado la conciliación obligatoria dictada en este conflicto, razón por la que la Subsecretaría de Trabajo de Buenos Aires le aplicó una multa de 4,9 millones de pesos (cerca de un millón de dólares).
"De ninguna manera vamos acatar la conciliación obligatoria si no tenemos las condiciones de trabajo que reclamamos", dijo hoy el secretario adjunto de los denominados "metrodelegados", Néstor Segovia.
Además de multar a la AGTSyP, el Gobierno capitalino llevó el caso al Ministerio de Trabajo argentino, al que remitió el acuerdo para un alza salarial del 23 por ciento alcanzado entre la empresa concesionario del metro, Metrovías, y la Unión Tranviaria Automotor, el otro gremio que agrupa a trabajadores del subterráneo.
La huelga ha reavivado la pelea entre el Gobierno de Cristina Fernández y el alcalde porteño, el conservador Mauricio Macri, en torno a quién debe administrar el metro y qué autoridad debe resolver el conflicto.
El Gobierno de Buenos Aires ha acusado al Ejecutivo de Fernández de estar detrás de la "intransigencia" mostrada por los "metrodelegados".
"Estos señores, con oxígeno político, han ido generando cada vez más anarquía y peor servicio en el subterráneo. Hoy llegamos a un pico y han decretado que se hace lo que quiere con el subterráneo. Y van a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo argentino) a recibir instrucciones", afirmó Macri.
En una entrevista publicada hoy por el diario "La Nación" de Buenos Aires, el alcalde considera que el conflicto en el metro es parte de la "intransigencia" del Gobierno de Fernández.
"Tenemos que entender que esto empezó hace tiempo y no tiene que ver con el subterráneo, sino con nuestras libertades, con que la presidenta decidida llevar al país hacia un modelo chavista", afirmó Macri.
La Presidencia argentina ha comenzado a difundir un aviso por televisión en el que señala que el 3 de enero pasado Macri aceptó la transferencia del metro desde la órbita del Estado nacional a la municipal y recordó que dos días después, "confirmando en los hechos su responsabilidad" en el suburbano, aumentó las tarifas del servicio.
Según el aviso, no es cierto que el Estado capitalino no cuente con los recursos necesarios para mantener el metro, tal como alega Macri.
Recuerda que en el momento de la transferencia el Estado nacional ofreció, con la aceptación del Ejecutivo capitalino, el pago de 360 millones de pesos (78 millones de dólares) para mantener el servicio y realizar obras, de los cuales ya han sido girados 240 millones de pesos (52 millones de dólares).
El Gobierno de Fernández alega que la ciudad no sólo cuenta con recursos del gabinete nacional, sino también con fondos provenientes de una parte del impuesto inmobiliario que pagan los vecinos de la capital y que se derivan a un fondo para la ampliación de la red de metro.
"El Gobierno de la ciudad tiene la obligación, legal, los recursos de la nación y los recursos de los porteños para hacerse cargo del subterráneo. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que los usuarios viajen tranquilos. Pero también significa solucionar los conflictos gremiales", se asegura en el espacio televisivo.
Macri criticó el aviso y en su defensa dijo que el acta firmada en enero para el traspaso del metro "no tiene ningún valor jurídico", por lo que, a su juicio, el servicio continúa bajo jurisdicción de la nación.
Ante esta batalla que parece no tener fin, según una encuesta de la consultora Opinión Autenticada, publicada hoy por el diario "Perfil", el 67 % de los porteños cree que el conflicto del metro lo resolverá finalmente la Justicia.
"El ciudadano se siente prisionero de un capricho entre dos dirigentes importantes, como Cristina y Macri", señaló Federico González, director de Opinión Autenticada. EFE
