Santander, 18 oct (EFE).- El Parlamento de Cantabria aprobará el lunes, con la abstención del PRC y el PSOE, la modificación de la Ley del Suelo que ha consensuado la oposición para garantizar el derecho de realojo y retorno de los vecinos que se queden sin su casa o su negocio por operaciones urbanísticas.

La ley estará vigente hasta que sea derogada por la reforma que prepara el Gobierno de Cantabria, según ha advertido hoy el grupo socialista, que cree que estará aprobada en el primer trimestre de 2017 mientras que el PRC prevé un plazo más amplio, dentro de ese mismo ejercicio.

La reforma que garantiza el derecho de realojo y retorno es una iniciativa legislativa del PP que ha sido pactada con Podemos y Ciudadanos y que se ha redactado teniendo en cuenta la voz de los vecinos afectados por actuaciones urbanísticas como las de El Pilón y Prado San Roque.

En esos dos aspectos han hecho hincapié los tres grupos tras la comisión parlamentaria que ha dado luz verde al texto, con la abstención del PRC y PSOE, el paso previo a su aprobación definitiva en la sesión parlamentaria del próximo lunes.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha explicado que su grupo ha optado por la abstención para no perjudicar a los vecinos y que no ha apoyado la reforma porque, entre otras razones, la considera "técnicamente mala" y además cree que no garantiza "de manera expresa" el derecho a la propiedad.

Según la socialista Silvia Abascal, además de "un parche", es una reforma "inoportuna" e "innecesaria", ya que el derecho al realojo y el retorno quedarán "perfectamente ensamblados" en la futura Ley del Suelo del Gobierno.

Pero para los vecinos de El Pilón la ley beneficiará no solo a quienes, como ellos, están "en medio de una reforma urbanística" sino a todos los que pueden encontrarse más adelante en su misma situación y que, gracias a esta reforma, van a poder tener "un sitio al que ir", ha dicho, en rueda de prensa, su portavoz, Belén Madrazo.

La proposición de ley que votará la Cámara recoge, en su exposición de motivos, que la ley trata de cubrir una laguna en el derecho de la comunidad autónoma en un momento en el que, además, "urge dar solución sin demora" al problema del realojo, porque se ha abierto un proceso de revisión de los planeamientos urbanísticos en los municipios y es inminente la puesta en marcha de los primeros desarrollos.

La igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas y la universalización de ese derecho, mediante la garantía de acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos, son los dos principios básicos que la sustentan.

La ley obliga a cumplirlo ofreciendo una vivienda digna de sustitución sin una compensación económica adicional y además lo extiende a favor de quienes explotan negocios o locales comerciales en los ámbitos de actuación afectados por operaciones de renovación urbana o de reforma interior.

Cuando se opere en ámbitos de actuación integrada mediante procedimientos no expropiatorios, deberá dar cumplimiento a ese derecho el promotor de la actuación.

Y si se actúa mediante expropiación forzosa, de forma integrada o aislada, o por ocupación directa, será la Administración o, en su caso, el beneficiario de la expropiación.

La ley dice, en su apartado 4, que por cada una de las viviendas y locales comerciales o negocios afectados por la actuación urbanística será preciso ofrecer una vivienda o local comercial de sustitución, en el mismo ámbito de actuación y con las mismas condiciones en cuanto a superficie, orientación y vistas.

Para el PRC este apartado es un motivo para no apoyar la reforma, ya que, según Hernando, no se garantiza el derecho en propiedad de forma expresa.

Sin embargo a juicio del portavoz de Urbanismo del PP, José Manuel Igual, regionalistas y socialistas buscan "peros" que son "absolutamente irrelevantes" y que pueden corregirse en una ley "innovadora" y "pionera", que cree que podría servir de ejemplo a otras comunidades, cuya constitucionalidad ve indudable y en la que, ha subrayado, no ha habido injerencia alguna del Ayuntamiento de Santander.

En su opinión, se ha conseguido "una buena ley" que garantiza todos los supuestos que puedan afectar a los vecinos por procedimientos urbanísticos que surjan en cualquier municipio y que llega a tiempo para "echar una mano" a los vecinos de El Pilón.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio ha defendido que es la ley "más garantista de España", una ley que trata de impedir que alguien se quede sin su vivienda o su negocio y se le pague la cuarta parte de su valor.

Para Podemos, este es un momento "muy importante" para los vecinos que llevan años luchando por que se reconozcan sus derechos constitucionales y que van a contar con una norma que "surge de la sociedad civil", una ley que va a beneficiar, ha dicho, a los miles de ciudadanos que tienen miedo de que les echen de sus casas en sus barrios, para que los ocupen personas de mayor nivel económico.

Así lo ha afirmado Verónica Ordóñez en una rueda de prensa en la que también ha criticado los "insultos y descalificaciones" del PSOE, en sus declaraciones de este fin de semana, a Podemos y a los vecinos que han trabajado con ellos y que hoy les han acompañado.

En El Pilón, con 42 viviendas y 2 negocios dentro de la actuación, hay 57 afectados y en Prado San Roque, 36 viviendas y 22 afectados. En su nombre Belén Madrazo ha subrayado que la norma "se ha hecho ya" porque los vecinos de su zona se podían quedar en la calle, pero "no es una ley para El Pilón, sino una ley para Cantabria", que sale adelante porque hay partidos que "tienen conciencia" y piensan que "importan los vecinos, no los promotores".