Santander, 30 nov (EFE).- El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha dicho hoy que el acondicionamiento de los márgenes de las carreteras ha sido más caro pero se ha elevado la calidad del servicio, "en defensa" de los trabajadores y de los ciudadanos porque se han mejorado las condiciones laborales y la seguridad.

Mazón ha comparecido en el Parlamento de Cantabria, a petición del PP, para dar explicaciones sobre el contrato de encomienda de gestión con Tragsa y las diferencias con el anterior, adjudicado por el Gobierno del PP en 2015 por 800.000 euros.

El diputado y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha criticado que en una comunidad que está a la cabeza en el déficit, el Ejecutivo regional gaste "como cuando en España sobraba el dinero" y ha defendido que el servicio que se prestó con el anterior Gobierno fue el mismo y más barato.

Según ha explicado Mazón, el Gobierno de Cantabria convocó un concurso con un presupuesto de licitación de 1,2 millones para contratar la limpieza de las cunetas pero su tramitación se retrasó varios meses por problemas con los pliegos y no se llegó a adjudicar.

Ante el retraso y teniendo en cuenta que en primavera y en verano es cuando más crece la hierba y además el tráfico es más intenso, el Gobierno se vio ante "la absoluta necesidad" de empezar los trabajos y la única alternativa que tenía, según el consejero, era hacer con urgencia una encomienda de gestión a la empresa pública.

Una vez cerradas las últimas certificaciones, estas tareas han salido por algo más de un millón de euros (1.050.000), ha señalado Mazón, quien ha insistido en que los trabajos se han hecho a partir de una "distribución más realista", concentrándolos en ocho meses, se ha utilizado un tractor más y se ha mejorado la prevención de riesgos y la seguridad.

El consejero ha insistido especialmente en su comparecencia en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, a los que ya no se despedía en los puentes o los festivos para volverles después a contratar.

El procedimiento para adjudicar los contratos, si por subasta, primando la oferta más económica, o por concurso, en los que se da más peso que en las subastas a otros criterios, ha centrado parte del debate entre Mazón y Rodríguez.

El diputado popular ha defendido que lo que tiene que hacer la administración es "gestionar bien el dinero público" y que en el contrato que adjudicó el PP también se exigían garantías de calidad y de solvencia técnica y económica, además de medidas de seguridad.

El consejero ha argumentado que la ley de concursos "desde hace muchos años" señala que el procedimiento para adjudicar los contratos de servicios es el concurso y ha opinado que "todo se puede reducir" pero "al final se explota al trabajador".

También ha dicho que con el contrato anterior hubo muchas quejas de alcaldes y de los sindicatos del Gobierno, una afirmación a la que han respondido los portavoces del PP, Podemos y Ciudadanos en la comisión instándole a denunciar si ha habido deficiencias de seguridad.

En su réplica, el titular de Obras Públicas ha aclarado que muchos ayuntamientos se quejaron porque el servicio iba "desacompasado" de las necesidades de cada zona y que si se produjeron incumplimientos, no eran "algo delictivo".

"Lo barato es caro, cuanto más aprietas, peor", ha sentenciado a continuación Mazón, a quien Rodríguez ha anunciado que le interpelará en el Parlamento para saber lo que entiende el Gobierno por baja temeraria.

El diputado Juan Ramón Carrancio, de Ciudadanos, ha criticado el "sobrecoste de un tercio" del contrato y ha opinado que Tragsa es "un intermediario que lo único que va a hacer es encarecer" el servicio, cuando en Cantabria "se está escapando el gasto".

A juicio de José Ramón Blanco, de Podemos, no está justificado que el contrato con el anterior Gobierno PRC-PSOE se adjudicara por 1,2 millones, con el PP se hiciera por 800.000 euros y con la vuelta del bipartito, saliera otra vez a concurso por 1,2 millones.

Silvia Abascal (PSOE) ha destacado que el contrato con Tragsa se hizo para garantizar la seguridad y optimizar el servicio, mientras que Ángel Sáinz (PRC) ha afirmado que no se puede contratar un servicio "a cualquier coste, a cualquier precio y poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores".