Santander, 1 dic (EFE).- Los dueños de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, se han hoy negado a responder a la comisión de investigación del Parlamento de Cantabria y han leído dos declaraciones en las que han defendido la viabilidad de la empresa y han achacado su cierre a "razones políticas" del Gobierno PRC-PSOE.

En su turno de intervención, los dos han justificado su negativa a contestar a las preguntas de los diputados por estar inmersos en procesos judiciales ligados a este proyecto empresarial fallido, pero se han puesto a su disposición para hacerlo cuando se resuelvan favorablemente para ellos, de lo que "no tienen ninguna duda".

Después no han respondido a ninguna de las cuestiones que les han planteado los grupos parlamentarios, que, en la mayoría de los casos, han lamentado la "oportunidad" que se ha perdido esta tarde para aclarar lo ocurrido con la fábrica de estufas de Maliaño.

En su declaración leída, Andrés de León ha defendido la figura del expresidente de Cantabria Ignacio Diego y ha subrayado que el proyecto empresarial de Ecomasa "era viable y podía haber salido adelante", si se le hubiese dado "tiempo suficiente para madurar" y se ha preguntado por qué "se dejó caer" la empresa con la llegada del nuevo Gobierno de coalición de PRC-PSOE.

"Si quieren saber la respuesta preguntenlé a Salvador Blanco (consejero delegado de Sodercan)", ha sentenciado el expropietario de Ecomasa, quien ha relatado que "uno de los consultores encargados de llevar adelante el proyecto por parte de esa sociedad pública le dijo en una conversación telefónica que "su impresión era que se iba a cerrar la empresa por razones políticas".

Tras recordar que parte del proceso judicial ligado a este proyecto empresarial ha sido sobreseído, De León ha reivindicado la gestión que se hizo del dinero público y ha recalcado que "todas y cada una" de las disposiciones que se hicieron fueron utilizadas "correctamente" para los fines del proyecto, fiscalizadas y justificadas.

Y ha calificado como "radicalmente falso" que hayan causado un perjuicio a las arcas públicas de Cantabria de 18 millones de euros, cuando supuso para el Estado unos ingresos de 8 millones de euros y no fueron ellos los que gestionaron los últimos 3 millones de dinero público, sino que lo hizo Sodercan.

Además, ha recalcado que los juzgados han sobreseído las querellas de los trabajadores sobre apropiación indebida del dinero que "supuestamente" habían invertido en la empresa correspondiente a sus indemnizaciones y ha enfatizado que se les pagaron todas las nóminas, excepto una, con salarios de media un 40 por ciento superiores al convenio del metal, pese a las "dificultades" que atravesó la compañía.

Sobre la viabilidad del proyecto, Andrés de León ha afirmado que "no estaba basado solo" en la fabricación de estufas de pellets, sino también de leña con licencia Nestor Martin, que ahora produce otra empresa en Cantabria que considera entre los "beneficiados" del cierre de Ecomasa, lo que, a su juicio, explica "las buenas relaciones" de esa compañía con el PSOE.

"Entiendo bien porque determinados actores quieren transmitir ese mensaje, pero la realidad es que todavía, a día de hoy, este proyecto todavía está generando y manteniendo puestos de trabajo en Cantabria, solo que en lugar de en Maliaño, en Soto de la Marina", ha resumido.

El antiguo dueño de la empresa también ha negado que el plan de negocio estuviera basado en un Power Point de 15 hojas, sino en un documento estratégico de análisis de tendencias y posicionamiento de más de 40 páginas y en unos estados financieros con más de 18 hojas de cálculo".

Y ha incidido en que, a pesar de los "posibles errores" cometidos, el proyecto era "viable", al tiempo que ha defendido que no despidieron a ningún trabajador y ha señalado que su idea era sacar adelante el proyecto con toda la plantilla a través de expedientes de regulación en épocas de baja demanda.

"Este proyecto era el proyecto de nuestra vida", ha recalcado De León, quien ha asegurado que han perdido en él "más de 3 millones de euros y parte de la salud" y ha justificado que hubiera sido "inviable" sin financiación pública, porque en plena crisis económica los bancos no prestaban dinero.

Andrés de León ha concluido intentando "hacer justicia" a Ignacio Diego y ha lamentado la "ingratitud" de los trabajadores, que considera "manipulados", hacia él, cuando "lo único que hizo fue intentar ayudarles y luchar en todo momento para que el proyecto saliera adelante", ha aseverado.

Después, Jesús Lavín ha reiterado que los 3 millones de euros que aportó Teka "nunca salieron del bolsillo de los trabajadores" y ha insistido en atribuir la liquidación de la empresa a, entre otras razones, a que con la llegada del nuevo Gobierno se "corta todo el apoyo" al proyecto.

Lavín ha criticado, además, las "falsedades" que se han dicho sobre la gestión de los administradores, que "nunca" hicieron "nada que pudiera ir contra la buena marcha del proyecto", y que "siempre lucharon por mantener a flote", en el que han dejado "patrimonio personal", ha rematado.

PRC, PSOE y Podemos han censurado la actitud de los expropietarios de Ecomasa y les han reprochado sus críticas a los trabajadores y al Gobierno actual, cuando han recordado que "dilapidaron" 21 millones de euros de dinero público.

El PP ha respaldado su versión y ha afeado la "falta de respeto" de los otros grupos políticos al criticar a los comparecientes, cuando ha recordado que Miguel Ángel Revilla y Dolores Gorostiaga tampoco respondieron a los diputados por su gestión como presidente y vicepresidenta de Cantabria en las comisiones de investigación de GFB y del Racing.