Santander, 1 dic (EFE).- El exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, ha afirmado que en ningún momento participó en las operaciones de Ecomasa y se inhibió en la votaciones para autorizarlas y ha subrayado que nunca recibió presiones del expresidente, Ignacio Diego, ni del resto del Gobierno.

Gómez de Cos, que ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la gestión de Ecomasa, estaba al frente del ICAF cuando este instituto autorizó la concesión de 12 millones en ayudas y avales a la empresa, en 2012 y en 2014.

El exdirector del ICAF ha dicho que no participó en la autorización de esas operaciones financieras porque había sido socio en una empresa con Jesús Lavín, uno de los propietarios de Nestor Martin-Ecomasa, una "antigua relación" que comunicó al consejo ejecutivo del instituto.

Esa fue la razón, ha señalado, de que se inhibiera en la votación que autorizó la ayuda de 5 millones y el aval por la misma cantidad que fue aprobado en 2012 para que la empresa pudiera empezar a funcionar y de que tampoco asistiera a la reunión del consejo que autorizó un segundo aval de 2 millones en 2014, después de que el Parlamento instase al Gobierno a apoyar a Nestor Martin para mantener los puestos de trabajo.

Ha definido su relación de negocios con Lavín como "muy secundaria, muy pequeña y muy corta en el tiempo". Después, cuando el PRC le ha preguntado si compartieron consejo de administración en la empresa Gestión y Urbanismo entre 2005 y 2011, ha respondido afirmativamente, ha precisado que ambos tenían una relación "estrecha, ya de años", ha remarcado que dejó la empresa cuando fue nombrado responsable del ICAF y ha vuelto a defender su modo de actuar cuando el proyecto llegó al instituto.

"Lo que no puedo permitir es que se insinúe falta de profesionalidad o de honradez porque me hace daño a mí y, sobre todo a mi familia. Mi actuación ha sido de absoluta pulcritud, de máximo rigor, porque sé que Cantabria es pequeña y lo que se habla en Cantabria", ha zanjado, ante la insistencia del PRC en este asunto.

Gómez de Cos ha subrayado además en su comparecencia que "nunca" fue "sometido a presiones" para aprobar operaciones por el entonces presidente del Gobierno ni por la consejera de Economía, Cristina Mazas, ni por ningún otro miembro del Ejecutivo.

Y ha hecho hincapié tanto en su "absoluta" independencia profesional como en la de los técnicos que hicieron los informes del instituto.

Según el exgerente del ICAF, la mayoría de las operaciones que se proponían durante su gestión, que fueron "muchas", ni siquiera llegaban a la mesa del consejo ejecutivo y si el informe de Ecomasa se aprobó, fue porque los técnicos consideraron que el proyecto era "razonable" y "viable" desde el punto de vista financiero.

Se trataba, a su juicio, de un proyecto "viable, bonito y que resolvía un problema social", el que creó el despido de trabajadores de Teka, y acompañado de un plan de negocio que no era "un power point de 14 páginas", como dijo en esta misma comisión la interventora Gloria Polo, sino un plan de 41 páginas que incluía, entre otros puntos, un análisis de mercado.

Otro de los aspectos en los que ha hecho hincapié ha sido que todas las decisiones que tomaba el consejo ejecutivo del ICAF - que además de por consejeros del Gobierno estaba compuesto por dos consejeros independientes-, se adoptaban de forma unánime, de forma que si había alguna duda por alguna de las partes, la operación se rechazaba o se pedía una modificación.

"Y eso ha sido así en todos los casos", ha remachado Gómez de Cos, quien ha recordado que se aprobaron otras operaciones que también fueron un fracaso, como la de Papelera del Besaya, con un perfil social similar, en la que se perdieron 10 millones que pueden llegar a 20, y otras que resultaron "muy importantes" para Cantabria.

Para el exgerente del Icaf, cualquier proyecto empresarial que se inicia tiene un riesgo y la financiación pública tiene, a su vez, riesgos. "Si no, vendría un banco y financiaría. Forma parte de la idiosincrasia de las relaciones entre el sector público y las empresas", ha argumentado.

También ha dicho que no recuerda si el proyecto lo llevo al instituto Diego o Mazas, sobre febrero de 2012, y que fue en ese momento cuando supo de su existencia. Después, ha relatado, le preguntó a Lavín cómo era posible que él no se hubiera enterado hasta entonces y que el empresario le respondió que era un proyecto "confidencial".

Sobre la posibilidad que le ha planteado el PP de que la empresa hubiera podido salir adelante, reestructurada, en 2015, se ha referido al último plan de viabilidad, de la consultora Hub Advisory y a sus requerimientos, entre los que ha mencionado que se "dejara de hablar negativamente" del proyecto.