Santander, 13 ene (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha confirmado la imputación de nueve personas por una protesta en la Universidad contra Ignacio Diego ocurrido en 2014, cuando presidía la comunidad autónoma, al considerar que existen indicios de delito.

La sección tercera de la Audiencia desestima así el recurso presentado por estas nueve personas contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander que puso fin a la instrucción del caso, conocido como el "escrache a Diego", y les imputó por posibles delitos de desórdenes públicos, coacciones, atentado y daños agravados, además de faltas contra el orden público y de injurias y amenazas.

El juez de instancia ordenó que se siguiera tramitando esta causa y acordó dar traslado de las diligencias previas a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral y formulen escritos, una decisión ratificada ahora por la Audiencia en un auto fechado el 19 de diciembre y hecho público hoy.

El tribunal, que preside el magistrado Agustín Alonso Toca, considera que en este momento procesal concurren "indicios racionales suficientes" de que esas nueve personas pudieran haber cometido alguno de los tipos delictivos que se derivan del relato de hechos.

Según la Audiencia, el auto recurrido está correctamente motivado y detalla "con precisión y acierto" los hechos punibles y la determinación de las personas a las que se les imputan.

Añade que la calificación jurídica del instructor "no vincula" a las acusaciones, que pueden acusar por los mismo o distintos tipos penales e incluso no llegar a acusar, solicitando el sobreseimiento de las actuaciones.

"No estamos aquí enjuiciando a los recurrentes, si no comprobando si de lo actuado se desprende la existencia de indicios racionales de comisión de delito alguno (...) Solamente eso, indicios, no pruebas concluyentes de la comisión", señala la Audiencia, que añade que "esos indicios, los hay".

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2014, cuando el entonces presidente regional iba a intervenir en un acto en la Universidad de Cantabria.

Según se recoge en el auto del juez de instrucción, los nueve imputados actuaron "previamente concertadas" y "con la finalidad de alterar el orden público".

Conforme a lo investigado, estas personas impidieron a Diego el acceso a su vehículo oficial, tuvieron intención de agredirle en algún caso y llegaron a forcejear con su equipo de seguridad, al que insultaron y amenazaron.

Tres de esas personas formaron una especie de cordón que obligó a la seguridad del presidente a evacuarlo a un segundo vehículo distinto del oficial, lo que consiguieron "tras grandes dificultades" y "luchando denodadamente con los allí congregados".

Conforme a este documento judicial, tres personas a las que se atribuye la protesta "se tiraron encima del capó" del segundo coche y "colocaron una pancarta que impedía ver nada al chófer".