Santander, 16 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso promovido por un particular contra la resolución de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) por la que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero.

La sala de lo contencioso administrativo del TSJC, en su sentencia rechaza todas las pretensiones del demandante, al que impone el pago de las costas del proceso.

El recurso fue interpuesto por un particular no solo en su condición de propietario de diversas fincas afectadas por el nuevo PGOU, sino "también en el ejercicio de la acción pública urbanística", aduciendo como primer motivo la ilegalidad de la clasificación del suelo, al entender que "no todo el suelo clasificado como urbano reúne los requisitos legalmente establecidos".

En segundo lugar, esgrime arbitrariedad, por considerar que la decisión del planificador de clasificación de nuevos suelos urbanos estaría desprovista de justificación fáctica al basarse en una "previsión de crecimiento irreal e inverosímil".

También aducía el demandante que la categorización entre suelo urbano consolidado y no consolidado no se ajusta los criterios de la Ley del Suelo de Cantabria; y alegaba vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas e ilegalidad de las Unidades de Actuación delimitadas por el plan.

Finalmente, además de aducir un incumplimiento de los estándares urbanísticos, el recurrente alegaba ilegalidad del estudio económico financiero al no contener un cálculo realista al ser "erróneo" el índice de edificabilidad.

Sin embargo, el TSJC rechaza todos estos argumentos y, comenzando por la critica del demandante al informe económico-financiero, la Sala considera que "no resulta realista" que sea insuficiente.

En la sentencia también se rechaza que haya habido incumplimiento de los estándares urbanísticos y apunta que "los cálculos en función del desarrollo del Plan son lógicos".

En cuanto a la presunta vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas y la ilegalidad de las Unidades de Actuación delimitadas por el plan, la sentencia centra su oposición a este argumento en la "confusión padecida por la parte recurrente entre Unidades de Actuaciones y Sectores", lo que "quiebra el hilo conductor de este motivo de impugnación".

Finalmente, el TSJC considera que el Plan no contraviene la legalidad vigente en cuanto a la consideración de estos suelos como urbanos y "de ahí la desestimación íntegra de la demanda".