Torrelavega, 16 feb (EFE).- Ecologistas en Acción Cantabria ha alertado sobre la necesidad de evaluar de forma correcta los impactos negativos que podría generar la reapertura de la actividad extractiva de zinc en la antigua mina de Reocín y sopesar los beneficios y perjuicios de esta actividad.

En un comunicado, la organización asegura que, aunque la primera impresión que aparece es positiva para una comarca afectada por altas tasas de paro durante años, "es necesario sopesar bien todos los beneficios y los perjuicios de esta actividad minera para poder adoptar en su momento una decisión acertada".

Como ejemplo, cita que las informaciones procedentes de uno de las empresa interesadas en la explotación, la canadiense Emerita Resource, "no son muy alentadoras" ya que se destaca que la actividad minera no va a generar impactos, algo que para Ecologistas en Acción "es totalmente incierto".

Recuerda que en los casi 150 años de explotación de la antigua mina se produjeron "algunos problemas graves" como el derrumbe de una balsa en agosto de 1960 "que se llevó por delante vidas humanas y un vertido directo al Besaya de miles de toneladas de residuos contaminados".

También recuerda el derrumbe de la propia mina en enero de 1965, "que no se cobró vidas humanas por fortuna, pero provocó el hundimiento del barrio Pomares en Reocín, desapareciendo casas de centenares de familias".

Otras problemas aparecidos en estos años han sido la rotura del acuífero "que también se cobró vidas humanas" y que al inundarse las galerías creó un lago artificial "que se necesita controlar su volumen, bombeando agua permanentemente al Besaya para evitar una mayor inundación".

Según Ecologistas en Acción, los residuos generados por la mima durante 150 años han llegado a la de San Martín, "cuyos sedimentos están llenos de metales pesados", a lo que suma la creación de once balsas de decantación y escombreras distribuidas por el área cercana a la antigua explotación.

Por ello, la organización ya solicitó en 2004 al regional Gobierno que se exigiera a AZSA un plan de cierre de la mina, plan que debía incluir el inventario de escombreras y balsas de decantación, un estudio contaminación de suelo y agua, un estudio de estabilidad y siniestralidad y un estudio hidrogeológico, "algo que no se exigió a la empresa".

Además, el colectivo ecologista considera que no es "un buen comienzo" que el Gobierno y el Parlamento tramiten de urgencia una modificación de la Ley del Suelo "para allanar el camino a la reapertura de la mina de Reocín".