Madrid/Santander, 17 feb (EFE).- En Cantabria hay algo más de 4.000 dependientes que no reciben ninguna prestación o servicio, un 23 por ciento del total de dependientes que tienen derecho a ello, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que suspende a la región en la aplicación de la ley.

Este informe otorga a Cantabria una nota de 3,57, la misma que Baleares, y solo por delante de Canarias (1,79), Aragón (2,5), Navarra (2,86) y Comunidad Valenciana (3,21), y la sitúa entre las ocho comunidades que suspenden junto a Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64).

En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas, se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).

Sin embargo, según este informe, Cantabria sigue siendo la región española que más gasto público por habitante, 183 euros, dedica a la dependencia, aunque también se detectan debilidades al ser la única comunidad autónoma en la que se ha reducido el número de personas atendidas en un 6,7 por ciento (575), en el último año.

También mantiene a lo largo de 2016 saldos negativos en las solicitudes (-7,98 %), las personas valoradas (-8,11 %), las que tienen derecho a prestación o servicios (-8,17 %), las atendidas (-4,12 %), los servicios (-6,74 %) y los que reciben prestación económica por cuidado en el entorno familiar (-1,41 %).

Según el Observatorio de la Dependencia, esto indica un retroceso en el sistema de atención en Cantabria.

El informe también señala que la generación de empleos en la región por millón de gasto público (21) es la más baja de España, mientras que el retorno económico el año pasado fue de 44,9 millones de euros, lo que atribuye entre otros factores al "sobredimensionamiento" de la prestación de cuidadores familiares.

Además, indica que el quebranto económico de los recortes del Gobierno de España en la región ha sido de 41 millones de euros en los últimos cinco años, con los que se podría atender a más de 1.000 dependientes, mientras que destaca que el Ejecutivo regional aporta el 86 por ciento de la financiación pública del sistema.

A nivel nacional, un total de 348.309 dependientes, el 29 por ciento del total, no reciben ninguna de las prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que denuncia que 90 personas mueren cada día mientras esperan atención.

Tras diez años de desarrollo de la ley de dependencia, el informe considera "imprescindible" dotar de suficiencia financiera al sistema para "cumplir con la ley", atender a los dependientes reconocidos y afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante el país.

En los últimos cinco años, se estima que 150.000 dependientes fallecieron mientras esperaban que se les aplicara la ley.

Con noventa fallecidos al día sin haber podido ejercer su derecho, "hay que recuperar lo recortado y plasmarlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2017", ha señalado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Ha resaltado que hay 350.000 personas que no pueden esperar a los acuerdos a los que se pueda llegar en la negociación sobre la financiación autonómica.

El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia en los últimos cuatro años asciende a 3.734 millones de euros, "considerando la eliminación del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares", ha subrayado.

Ramírez ha lamentado también las "gravísimas desigualdades entre territorios" y ha opinado que hay comunidades autónomas que necesitan "un cambio drástico de modelo de gestión y una inyección financiera específica".

En España, hay 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone que un 2,6 por ciento de la población necesita apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o menor medida, de acuerdo con datos del Imserso a 31 de diciembre de 2016.

El 35 por ciento de las personas desatendidas (122.000) son dependientes de Grado III (gran dependencia) o Grado II (dependencia severa).

La aportación de los usuarios o copago supone un 20 por ciento del gasto directo en dependencia.

La Administración General del Estado aporta el 17 por ciento de la financiación del sistema y las comunidades autónomas el 83 por ciento restante, "muy lejos" del 50 por ciento establecido en la ley.

La reactivación de las atenciones producida en 2016 es "insuficiente" para dar respuesta a los dependientes que están en lista de espera, ha dicho Ramírez, quien ha estimado que, a este ritmo, no se cubriría su asistencia ni en los próximos cuatro años.

"Si se atendiera ya a las 350.000 personas que están en lista de espera -simplemente cumpliendo con la ley- se generarían más de 90.000 empleos directos", ha indicado.