Santander, 17 feb (EFE).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado suspender la ejecución forzosa de una sentencia que ordena la demolición de varias viviendas de la urbanización Las Llamas I de Argoños.

Con esta sentencia, conocida hoy, el TSJC confirma un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander, que rechazó la petición del Gobierno de Cantabria de iniciar un incidente de ejecución.

El Ejecutivo regional pedía que se suspendiera la ejecución al amparo de la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige garantías suficientes para el pago de las indemnizaciones antes de una demolición.

El TSJC ha rechazado esa petición al confirmar la decisión del juez y se ha remitido a una resolución suya anterior en la que afirmaba que ese nuevo precepto supone la "anticipación de la barrera de protección mediante una suerte de tutela cautelar de unos resarcitorios cuya lesión no se ha consumado".

Sin embargo, precisaba que "en el momento actual no imposibilita la continuación de la ejecución", por lo que considera que "no procede plantear en el presente momento cuestión de inconstitucionalidad", remata la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En el auto confirmado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander señalaba que en el recurso del Gobierno de Cantabria se pretendía "interpretar" la reforma legal "como una suerte de causa de suspensión de la ejecución" atendiendo a que "antes de la demolición de debe resolverse sobre las garantías".

"Para resolver sobre esto -continúa el auto-, se entiende que, además, debe resolverse primero, en vía administrativa, sobre las indemnizaciones, lo cual, detendría, nuevamente, cualquier pretensión de demoler, esto es, dar cumplimiento al fallo en sus términos".

Frente a esto, el Juzgado aclaraba que de conformidad con la doctrina constitucional, ese precepto "no puede convertirse en un nuevo intento de eludir el derecho fundamental de quien ha obtenido un fallo a su favor, por lo que señala que "el fallo se ejecutará en sus términos".

El auto añade que otra cosa sería que "además de atender a ese derecho fundamental y al sentido de la ejecución forzosa, se atienda a otros intereses y que éstos se concilien con la ejecución".

En este sentido señala que la reforma permite al juez adoptar medidas adicionales para conciliar los intereses en juego entre las que debe acordar para el cumplimiento del fallo y concluye que no procede "volver a intentar suspender" una ejecución que "lleva 20 años pendiente".

Contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cabe recurso de casación exclusivamente por interés casacional.