Santander, 21 abr (EFE).- La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha pedido hoy al Estado que clarifique cuándo un apartamento es turístico y regule su fiscalidad y seguridad, y que exija a las grandes plataformas dedicadas a anunciar alojamientos turísticos por internet, que no publiciten los que sean ilegales.

Las medidas las ha reclamado el presidente de la Comisión de Turismo de la Femp y alcalde de Palma de Mallorca, José Francisco Hila, en Santander donde se ha reunido hoy esté órgano para hablar sobre los retos de cara al futuro a los que se enfrentan los municipios en esa materia.

Acompañado en rueda de prensa por la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, Hila ha explicado que la actividad del alquiler de apartamentos turísticos se desarrolla en "muchas ocasiones" de forma ilegal, con lo que se defrauda una "enorme cantidad de dinero" en impuestos.

Como ejemplo, ha señalado que "más del 90 por ciento" del alquiler en Palma de Mallorca "es ilegal" y ha opinado que el Estado tendría que regular esa actividad fiscalmente y establecer la identificación obligatoria del que alquila el apartamento, igual que ocurre en los hoteles.

Con estos controles, Hila considera que también se asegura la calidad y la seguridad, que son "imagen turística de España", además de la convivencia con los vecinos, que es donde cree que pueden "entrar los ayuntamientos".

Igual ha reconocido que en Santander esta actividad "no es un problema alarmante", aunque sí que se han producido quejas de vecinos ante las que ha actuado la Policía, por lo que se ha mostrado de acuerdo en regularla, de forma similar a como se hace con los hoteles.

El alcalde de Palma ha señalado también las dificultades a las que se enfrentan los ayuntamientos a la hora de clasificar un apartamento como turístico y definir qué ley se le aplica, con una "frontera" legal donde están los "problemas" y en la que "mucha gente es especialista en moverse".

"Lo que estaría bien es clarificar en la Ley de Arrendamientos Urbanos cuándo un apartamento es turístico y cuándo no. Y de esa forma eliminar las zonas de sombra que pueden ser aprovechadas", ha opinado.

José Francisco Hila también ha pedido al Estado que exija a las grandes plataformas que ofrecen apartamentos turísticos a través de internet que solo anuncien los que sean legales, al tiempo que ha apuntado que esa certificación la podrían dar las comunidades autónomas.

"Yo creo que el Estado sí tiene que decir a las grandes plataformas que ya está bien de ofrecer producto ilegal", ha remachado el alcalde de Palma, quien ha opinado que un ayuntamiento o una comunidad autónoma sola no puede enfrentarse a esas empresas.

Ha expuesto como ejemplo el caso de Barcelona que es una ciudad "muy potente" en esta actividad, pero que "no es capaz de enfrentarse a esas grandes plataformas, a pesar de que lo está intentando". "Ahí el Estado nos tiene que ayudar", ha apostillado.

Además, Hila ha advertido de que este "problema" se extiende a otros países, por lo que también ha pedido a la Unión Europea que modifique directivas, como la de comercio electrónico, que deja muy pocas herramientas para limitar la publicidad de esos apartamentos turísticos ilegales.

"Pedimos que el Estado haga su parte, pero que Europa haga la suya", ha sentenciado el alcalde de Palma, que ha alegado que esta actividad "puede cambiar la fisonomía" de un municipio, al llegar a modificar los usos que establecen los planes urbanísticos extendiendo el alquiler vacacional a cualquier zona.

Por ello, ha insistido en reclamar a todas las administraciones públicas con competencias en esta materia que doten a los ayuntamientos de las herramientas suficientes para su control.

"Lo que pedimos es, que frente a un nuevo tipo de turismo, tener herramientas para poder gobernarlo como ayuntamiento. Y luego dentro de la autonomía municipal que cada ayuntamiento decida cómo quiere gobernarlo, porque para unos ayuntamientos es un problema y para otros es una solución", ha concluido Hila.