Santander, 18 may (EFE).- El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, ha pedido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santander que inicie los trámites para modificar la ordenanza que regula el impuesto de plusvalía.

Casares ha planteado esta propuesta tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, publicada ayer, que anula el impuesto si hay pérdida en la venta del inmueble.

El líder socialista recuerda que el impuesto es potestativo, y que tal y como está regulado hoy en Santander, se vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula a la existencia de un incremento real del valor de la propiedad.

Por ello, Casares exige que el Ayuntamiento informe adecuadamente a los vecinos que reclamen la plusvalía, el procedimiento a seguir.

El PSOE recuerda que una vez que se produce el silencio administrativo, da por rechazada la reclamación, y por tanto los perjudicados deberán acudir a la vía contencioso-administrativa en un plazo de 2 o 6 meses, dependiendo del tipo de recurso.

En Santander, y tras el conocimiento de la anulación de la norma guipuzcoana, en el Ayuntamiento se han registrado más de 90 recursos a la plusvalía.

"Todo indica que tras la sentencia del Constitucional habrá muchas más reclamaciones, dado que una buena parte de los inmuebles se han vendido a perdida con la crisis económica" subraya Casares.

Según explica Casares, solo en 2015 el Ayuntamiento recaudo 12,8 millones de euros y en 2017 tiene presupuestado 11,7 millones de ingresos, que dan idea de la importancia de este impuesto.

En este sentido, recuerda que la oposición ya solicitó en el Pleno del 6 de abril de 2017 que se modificase la ordenanza, y "la falta de voluntad política del PP y Ciudadanos no lo hicieron posible".

"El PP aseguro que iban a esperar a la sentencia" recuerda el portavoz socialista .

También señala que la ordenanza debe modificarse para eliminar el requisito de residencia de al menos dos años en una vivienda para poder acogerse a la bonificación del 90 % del impuesto, porque "va contra la igualdad tributaria" y la discriminación producida por situaciones de desigualdad, tal y como reflejó la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Santander.