Santander, 19 may (EFE).- La Audiencia cántabra ha absuelto a seis acusados de tratar de introducir en España más de 260 kilos de cocaína en un velero, porque anula el registro al entender que los agentes excedieron el contenido de la autorización policial que tenían y que no incluía el camarote, donde se halló la droga.

La Audiencia subraya que el camarote del velero que se registró y donde se encontró la cocaína debería haberse considerado como un domicilio, de modo que ese registro tendría que haber estado amparado por una autorización judicial.

En este juicio, que comenzó a finales de abril, los acusados se enfrentaban a una condena que oscilaba entre los seis y los diez años de cárcel y multas de hasta 16 millones de euros por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Las penas que pedía para ellos la Fiscalía sumaban 48 años de cárcel y multas por 83 millones, pero la Audiencia de Cantabria ha absuelto a estos acusados, que estuvieron en prisión provisional, en una sentencia contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso Efe.

El velero partió de Venezuela con tres personas a bordo en julio de 2013 y, tras hacer escala en Las Azores, llegó el 2 de agosto de 2013 a Portimao, en Portugal, donde les esperaban con dos coches dos hombres que habían viajado desde Madrid para recogerlos.

La policía portuguesa y la Guardia Civil los detuvo y encontró ocultos debajo de un colchón en la proa del barco 261 kilos de cocaína, con un valor en el mercado superior a los ocho millones de euros.

Pero la Audiencia absuelve a estos acusados, tras apreciar una de las cuestiones previas que plantearon en el juicio las defensas, que, entre otras cuestiones, pedían la nulidad de la diligencia de entrada y registro en el velero.

La Sala indica que todas las diligencias practicadas en territorio portugués deben analizarse de acuerdo con la ley de ese país, y añade que en la causa se recoge una resolución del coordinador de la investigación en Portugal, en la que se autorizaba a hacer el registro "excluyendo las zonas eventualmente utilizadas como domicilio".

La Sala señala que esa exclusión es conforme a la legislación de Portugal y explica que los agentes de ese país que hicieron el registro no pudieron concretar con claridad si se hizo en presencia de todos los tripulantes o solo ante el capitán, uno de los acusados, que no habla portugués.

El tribunal advierte de que, al desconocer esa lengua, el capitán no pudo consentir ese registro, que por otra parte no está documentado en la causa.

Los magistrados, tras examinar las fotografías, llegan a la conclusión de que el falso fondo donde estaba oculta la droga incautada se hallaba en una dependencia que los propios agentes de la Guardia Civil describieron en su informe como "camarote de proa".

Añaden que se distingue que ese camarote está diferenciado con una puerta de otras zonas comunes y de paso. "En esta situación, la Sala no puede sino concluir que para incautar la droga los agentes necesariamente tuvieron que acceder y registrar el camarote de proa, excediéndose de este modo el contenido de la autorización policial que había sido conferida", se recoge en la sentencia.

La Sala insiste en que esa autorización excluía "de forma expresa" el registro de las zonas "eventualmente utilizadas como domicilio", que en un velero como el de este caso, "en el que viajaban tres personas y que había hecho una travesía cruzando el Atlántico", desde Venezuela, durante más de cien días, "era obvio que tenían que existir".

También hace hincapié en que para acceder al lugar donde estaba la droga a los agentes no les bastó con hacer una inspección "superficial", sino que tuvieron que levantar o bien el colchón, o bien el sofá para después "romper el suelo del barco".

Los magistrados entienden que, "sin género de dudas", todo esto supuso "una intromisión o injerencia" que no estaba amparada por la autorización policial que se había concedido, y que, para poder hacer esto, hubiera sido necesario una autorización judicial.

Agregan que el Tribunal Supremo cuenta con una extensa jurisprudencia que avala que se extienda el concepto de domicilio a los camarotes de las embarcaciones tipo velero.

La Sala también apunta que ninguna de las conversaciones telefónicas intervenidas permite afirmar con certeza que los acusados se dedicaran al tráfico de drogas, algo que ellos han negado.

Y recuerda que no se puede valorar la sustancia incautada en Portugal, y que en los registros en España no se encontraron pruebas de actividad ilícita.