(Actualiza la ST2022, con precisiones sobre lo que supone la inhabilitación absoluta)

Santander, 20 jun (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha impuesto un año y tres meses de cárcel e inhabilitación durante tres años a un médico que accedió sin consentimiento al historial de un hombre que no era su paciente, y que había mantenido una relación con su mujer.

Además, el acusado tendrá que pagar una multa de 4.050 euros y hacer frente a una indemnización, según se establece en la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Supremo.

La condena de inhabilitación a este hombre es absoluta y supone la privación definitiva de sus honores, empleos y cargos públicos, de modo que pierde su plaza en propiedad y la posibilidad de ser médico en la sanidad pública, con lo que tendría que volver a hacer el MIR y las oposiciones.

La Audiencia condena a este médico por un delito de descubrimiento de secretos, por su acceso no autorizado ni consentido a los datos del historial clínico de esta persona, con la que no tenía ninguna relación asistencial.

En el juicio, el médico dijo que creía que estaba permitido el acceso a un historial si se trataba de "cuestiones de salud" aunque no perteneciese a uno de sus pacientes, y que entró con sus claves pensando que estaba cumpliendo la ley.

Según su relato, el paciente a cuyo historial accedió había mantenido en 2008 "una relación corta", de unos dos meses, con su esposa, que contrajo una enfermedad de transmisión sexual, y quería comprobar si el hombre padecía alguna otra enfermedad porque eso afectaba a su propia salud y a la de su mujer.

Pero la Audiencia no acepta ese argumento, destaca que el acusado accedió a datos "sensibles" y "susceptibles de afectar a la intimidad" y rechaza que pudiera pensar que estaba actuando conforme a la ley.

Y ello, por su formación académica y por "su larga trayectoria" como funcionario del Servicio Cántabro de Salud. "No puede desconocerse que cualquier funcionario público con un conocimiento mínimo de los valores constitucionales y de los derechos individuales recogidos en la Constitución necesariamente tiene que saber que los datos relativos a la historia clínica son confidenciales", dicen los magistrados.

El acusado, médico de familia en la zona de Campoo-Los Valles, tenía la posibilidad de acceder a la información clínico asistencial de todos los pacientes del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Desde marzo de 2012, el acceso a información se hacía desde una aplicación informática que requiere la utilización de unas claves personalizadas, con contraseña.

La sentencia de la Audiencia señala que el acusado accedió a los datos de la historia clínica del hombre en mayo de 2012 y en enero y febrero de 2013, cuando miró los resultados de unos análisis y varios diagnósticos y episodios clínicos.

El tribunal entiende que el médico se valió de su cargo de funcionario público para acceder al historial clínico sin permiso, y por eso le condena por un delito de revelación de secretos de acuerdo con un artículo que castiga más gravemente precisamente a quien se sirve de su cargo.

Los magistrados recuerdan que el propio acusado reconoció que había accedido al historial, aunque alegó que lo hizo "por motivos de interés propio", por la enfermedad de transmisión sexual que contrajeron él y su esposa a consecuencia de la relación extramatrimonial que terminó en julio de 2008.

La Audiencia descarta ese argumento, ya que el acceso al historial clínico se produjo más de cuatro años después del cese de esa relación y porque el acusado no solo accedió a información relacionada con enfermedades de carácter sexual, sino a otro tipo de dolencias.

"La Sala no puede dar credibilidad alguna a la afirmación del acusado de que cuando accedió a la historia clínica, en los años 2012 y 2013, lo hizo para comprobar si dicho individuo padecía alguna enfermedad de transmisión sexual", afirman los magistrados, que añaden que el acusado y su mujer podrían haberse sometido a pruebas de detección si temían un riesgo de nuevos contagios.

Con todo, el tribunal no entiende que se haya cometido un delito continuado, porque solo existe constancia documental de que accediera al historial en enero y febrero de 2013.

Y aplica las atenuantes de reparación del daño, porque el acusado consignó 2.000 euros antes del juicio como indemnización, y de dilaciones indebidas, por la demora en la tramitación de la causa.