Torrelavega, 14 jul (EFE).- La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado hoy que los técnicos de su departamento están estudiando las alegaciones presentadas a la petición de Solvay de una moratoria para mantener la fabricación de cloro en su planta de Barreda más allá de finales de año.

En un encuentro con periodistas durante una visita a Barreda, ha insistido en que primero deben ser los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente los que valoren las alegaciones, y cuando se tome una decisión sobre la moratoria se comunicará a la empresa y después se hará pública.

Preguntada por plazos, Díaz Tezanos no ha querido concretar cuándo se podrían tener concluidos los estudios técnicos debido a su complejidad.

Ecologistas en Acción denunció en marzo que la factoría de Solvay en Torrelavega es una de las 8 plantas de cloro-álcali en España que utilizan la tecnología de celda mercurio, una técnica para la cual la Unión Europea ha fijado la prohibición de su uso para diciembre de 2017.

Sobre esta planta está pendiente una inversión por parte de la empresa portuguesa CUF, que hace unos meses anunció su intención de mantener los puestos de trabajo y realizar diversas inversiones en los próximos años en eficiencia energética del proceso y en una reducción de los efectos contaminantes.

El no comienzo de las obras para adecuar la tecnología de la planta ha hecho que Solvay solicitase hace unos meses al Gobierno regional una moratoria de dos años, para modificar el departamento de producción de cloro de su planta de Barreda y cambiar la tecnología de mercurio por membrana.

Este proyecto se denomina "Altamira" y consiste en la adquisición y conversión en tecnología de membrana de la planta de mercurio en Torrelavega, que supone una inversión de entre 45 y 50 millones de euros con los que se mantendrán los 35 empleos directos y los indirectos que se calculan entre 150 y 200, basados en actividades de mantenimiento, logística, transporte y otros servicios asociados.

La posibilidad de que se concediese una moratoria ha sido denunciado por competidores de Solvay en España, además de que diversas entidades presentasen alegaciones e incluso que se produjese un debate en el Parlamento de Cantabria sobre este asunto.