Santander, 7 dic (EFE).- El Gobierno regional y Cermi Cantabria elaborarán en 2018 dos estudios para conocer las condiciones de acceso de las personas con discapacidad a la administración de Justicia y a los procesos electorales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad en ambos ámbitos.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y la presidenta regional de Cermi, Mar Arruti, han informado hoy de la firma de dos convenios para el desarrollo de estos estudios, que establecerán medidas concretas, y que estarán dotados con 18.000 euros el de la administración de Justicia y 15.000, el de los procesos electorales.

Ambos ha destacado, en rueda de prensa, la importancia de estos estudios que permitirán "seguir dando pasos decididos", según ha señalado De la Sierra en el "buen camino" hacia la accesibilidad universal en Cantabria.

Mar Arruti ha advertido de que "queda mucho camino por recorrer", aunque ha apuntado que estos convenios suponen un "logro" y un "reto", que confía en que sirvan para "seguir avanzando" en la accesibilidad en aspectos "tan importantes" para las personas como la Justicia o los procesos electorales.

En el primer caso contará con un plan específico para eliminar barreras arquitectónicas en los órganos judiciales de la región, mientras que el segundo prevé la puesta en marcha de medidas para facilitar la accesibilidad en los colegios electorales, para los próximo comicios autonómicos y municipales de 2019.

El primer estudio, que se desarrollará en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, comenzará en enero y febrero con los órganos judiciales de Santander y Torrelavega, para extenderse en los meses siguientes al resto de la región.

Después se redactará un plan específico para eliminar las barreras físicas, legales, de comunicación y sociales que existan en la Administración de Justicia en Cantabria, un trabajo que se realizará junto a un equipo también por organizaciones expertas en este ámbito para que sean medidas viables y efectivas.

Además, se organizarán a principios del próximo año sesiones informativas sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia y en la defensa judicial de sus derechos e intereses legítimos.

Las jornadas estarán dirigidas a todos los colectivos que forman parte de este ámbito como jueces, magistrados, fiscales, abogados, personal de la administración, procuradores, graduados sociales o peritos, entre otros.

El objetivo será sensibilizarles sobre las necesidades especiales de las personas con discapacidad para favorecer que reciban una mejor atención.

En cuanto al ámbito de los procesos electorales, en el marco de este estudio se establecerá el número de personas con discapacidad que tienen restringido su capacidad de voto por sentencia judicial, y que se estima que son unas 100.000 en toda España.

También se estimará el número total de electores con discapacidad para adoptar medidas que faciliten a estas personas la identificación de las papeletas, para garantizar su derecho al secreto del sufragio.

En este sentido, Rafael de la Sierra y Mar Arruti han explicado que en las elecciones municipales las personas ciegas todavía no pueden identificar a los partidos en las papeletas electorales, como ya ocurre en las nacionales y autonómicas, por lo que tienen que ir acompañadas por una personas para garantizar su derecho al voto.

Finalmente, han detallado que se elaborará una guía que explique la regulación específica para el voto por correo en caso de enfermedad o discapacidad, al tiempo que se programarán seis charlas para la resolución de dudas sobre esta opción para votar y se prevé mejorar la accesibilidad a la información electoral.

Estos trabajos deberán estar finalizados el 30 de abril de 2018, para que el Gobierno de Cantabria pueda poner en práctica las medidas y facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, según ha concluido el consejero de Presidencia.