Santander, 15 feb (EFE).- El grupo parlamentario de Podemos ha presentado una proposición no de ley en la que pide que se elimine "todo matiz temporal" del decreto por el que se han aprobado las ayudas al pago de alquiler en la comunidad autónoma.

El diputado José Ramón Blanco ha informado en conferencia de prensa del contenido de esta iniciativa, que se debatirá en el pleno del próximo 26 de febrero, con el objetivo de que, según ha explicado, no se queden sin estas ayudas entre 2.000 y 3.000 familias cántabras que por su situación económica deberían percibirlas.

Concretamente, Podemos pide que se modifique el decreto de forma que se puedan beneficiar de las ayudas quienes cumplan los requisitos económicos y de calificación de alquiler protegido en el momento de la solicitud, independientemente de si han percibido anteriormente la ayuda o no.

Y que, transcurrido el plazo máximo de 36 meses previsto tanto para la duración de la calificación de alquiler protegido, como para la duración de las ayudas, se prevea una prórroga si los beneficiarios siguen cumpliendo con las exigencias previstas.

Blanco ha explicado que el decreto que se aprobó el 1 de febrero solo permite acceder a las ayudas a los que nunca hayan obtenido calificación favorable para la percepción de las mismas, independientemente de si las han percibido o no hayan percibido hasta la fecha.

Aunque en una disposición adicional se reconoce el derecho a obtener la calificación de alquiler protegido y a recibir las ayudas a los que lo solicitaron a lo largo de 2016 y 2017.

Así, según ha subrayado Blanco, "se van a quedar sin las ayudas los de 2013, 2014 y 2015", con lo que, si ya el pasado año la Consejería "reconoció" que se quedaron fuera más de 1.800 familias, "la cifra va seguir aumentando hasta entre 2.000 y 3.000".

En este sentido, ha añadido que el decreto también deja fuera a muchas familias que han perdido su vivienda desde que empezó la crisis en el año 2008.

En opinión de Blanco, lo que se consigue con el nuevo decreto es que quienes de verdad necesitan una ayuda para pagar el alquiler, no puedan acceder a ella, disminuyendo considerablemente el número de beneficiarios.

Blanco considera que el tratamiento que da el decreto a la ayuda al pago del alquiler la desvirtúa y hace que pierda su razón de ser, de forma que beneficie más a las arcas del Gobierno de Cantabria que al colectivo de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En su opinión, al dejar fuera a los beneficiarios de 2013 a 2015, y añadirse solo a los de 2018, probablemente el Gobierno busque un "ahorro para cuadra el presupuesto y destinar el dinero a proyectos innecesarios", como, a su juicio, es el del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera.

El diputado de Podemos ha afirmado que el decreto es una "chapuza" que debe ser rectificada.