Demandan al Ayuntamiento de Medio Cudeyo por incumplir la Ley de Memoria Histórica

Vista del Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
Vista del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. / Roberto Alonso
  • Un abogado solicita el cambio de nombre de la Avenida Calvo Sotelo, la calle General Mola y la Plaza José Antonio

El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz, ha presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Medio Cudeyo por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, al mantener varias calles con nombres vinculados al franquismo.

Hace tres meses, el letrado madrileño ejerció el derecho de petición (el paso previo a la vía judicial) ante el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, al que solicitó el cambio de denominación de la Avenida Calvo Sotelo, la calle General Mola y la Plaza José Antonio, donde está ubicado el Consistorio. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, ahora ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, según ha informado el propio Ranz.

El abogado también se dirigió este verano al Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, para solicitar la retirada de simbología franquista, aludiendo en concreto a la calle General Franco, la travesía del mismo nombre, y las calles General Iriarte, General Mola y General Sanjurjo.

El Ayuntamiento de Ramales de la Victoria le respondió dando cuenta de la creación de una comisión a tal efecto el año pasado, que ya ha aprobado los nombres y elementos a eliminar, y que en estos momentos se está realizando un proceso participativo para dar un nuevo nombre a un listado de calles. "Habiendo actividad no hay incumplimiento", por lo que en este caso no hay demanda judicial, ha explicado.

Asimismo, acaba de ejercer el derecho de petición en otro municipio cántabro, en este caso para solicitar el cambio de nombre de la Avenida Generalísimo Franco en Ontaneda (Corvera de Toranzo).

Este mismo abogado promovió el año pasado una denuncia penal contra los alcaldes de Santander, Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera -archivadas todas ellas- por un supuesto delito de desobediencia al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

En Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera ya se ha abordado este cambio de nombres, y Ranz espera que se materialice en Santander, donde también se están dado pasos en este sentido.

El letrado madrileño ha promovido denuncias de este tipo en toda España. Las presentadas por la vía penal contra los alcaldes no han prosperado, pero si lo están haciendo algunas demandas contra Ayuntamientos por la vía contencioso administrativa.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a las Administraciones públicas la adopción de las medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".