Un empleado de Camargo pide auxilio al Defensor del Pueblo por "persecución"

Los cambios en los puestos de trabajo del Parque se votarán mañana en Pleno.
Los cambios en los puestos de trabajo del Parque se votarán mañana en Pleno. / María Gil Lastra
  • El afectado es el bombero despedido por no pasar los reconocimientos y readmitido días después como administrativo, su tarea en Protección Civil

Un empleado del Ayuntamiento de Camargo ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo para que medie en «el conflicto, acoso y persecución personal y sistemática por parte de los responsables y el secretario» municipal que están padeciendo, según su opinión, varios trabajadores incorporados en los últimos meses al recién estrenado Servicio de Extinción de Incendios y en particular él mismo.

El afectado es el integrante de la extinta Agrupación de Protección Civil cuyo caso avanzó este periódico y que fue despedido por la Casona por razones objetivas al no pasar los pertinentes reconocimientos médicos y que días después fue readmitido por el equipo de gobierno que dirige Esther Bolado como administrativo, unas tareas más cercanas a sus funciones previas como voluntario que las de ser parte de una intervención en situaciones de emergencia.

De hecho, el Pleno municipal que tendrá lugar mañana votará una modificación del acuerdo para la creación del servicio y la relación de puestos de trabajo para encajar el cambio de este trabajador, que entró en la plantilla camarguesa, al igual que otros 13 ‘bomberos’, fruto de una sentencia judicial de octubre de 2014 que ni el Tribunal Supremo llegó a refutar. Este cambio será uno de los asuntos principales de la sesión plenaria, junto a la asunción por parte de Camargo de la competencia del servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género.

El empleado, en un escrito fechado el pasado 21 de octubre, insiste al Defensor del Pueblo para que intervenga de forma «urgente». En su alegato, habla de «persecución, hostigamiento, animadversión y abuso de superioridad hacia el trabajador».

Relato

El escrito resume la situación personal de este trabajador despedido y recolocado en días, una readmisión que no le fue notificada y de la que se enteró cuando la vio publicada en este periódico, según recoge el documento.

El denunciante relata cómo «de manera coaccionante» el Ayuntamiento «me obliga a firmar un contrato temporal como bombero-conductor, con la advertencia de que de no hacerlo se me abriría un expediente directo de expulsión». Cabe precisar que el afectado padece una minusvalía física del 35%, lo que le llevó a comunicar al secretario; al concejal de Personal, Héctor Lavín; y a la alcaldesa la imposibilidad de realizar las funciones que le encomendaban «al no haber desempeñado nunca esa labor» –cabe recordar que sus labores en Protección Civil eran de administrativo y programador–, pero la respuesta municipal fue que «es lo que había y que de no hacerlo se entendería que renunciaba al puesto y a la plaza».

La petición de ayuda igualmente habla de «una persecución personal hacia los integrantes de la antigua agrupación de voluntarios y en especial a los que formaban parte del cuadro directivo, entre los cuales me encuentro».

El 31 de agosto el empleado realizó el reconocimiento médico que no superó, a pesar de lo que se mantuvo en el mismo puesto y lugar. El 13 de septiembre, según el documento, «tras un accidente en mi puesto de trabajo, me veo obligado a coger la baja por contingencia común, al negárseme por parte de la Mutua asignada por el Ayuntamiento» la de accidente laboral, «habiéndose producido éste en el lugar y como consecuencia del desempeño de un puesto de trabajo, para el cual como ya se comunicó y acredita el informe médico no estoy capacitado, todo ello ante el temor a la apertura de un expediente disciplinario».

El afectado califica de «humillante y degradante» la situación. El 26 de septiembre se le abrió expediente de expulsión por incompatibilidad del empleo con otro en la Administración pública, del que solicitó excedencia. Ese proceso se cerró por improcedente el 4 de octubre, pero el 17 se le comunicó el despido y que podía retirar un talón con su indemnización. Leída la readmisión en el periódico, critica que el Consistorio busca que tenga que «desistir de lo que por derecho me corresponde».