Camargo "tranquiliza" a las familias a las que envió un aviso de desalojo

María Cruz Núñez (d) posa con su hija en la vivienda municipal de Herrera donde vive y muestra la notificación de desalojo enviada por el ayuntamiento.
María Cruz Núñez (d) posa con su hija en la vivienda municipal de Herrera donde vive y muestra la notificación de desalojo enviada por el ayuntamiento. / R. Ruiz
  • Bolado insiste a los vecinos que recibieron la notificación que no se echará a nadie de una vivienda municipal siempre que la necesite

Después del impacto que supuso para cuatro familias de Camargo recibir una notificación del Ayuntamiento avisándoles de que tenían 15 días para presentar alegaciones o deberían abandonar la vivienda municipal que ocupaban en un mes, la alcaldesa, Esther Bolado, ha tratado de tranquilizar esta semana a los afectados por la resolución municipal. El equipo de gobierno ha argumentado posteriormente que el documento es parte necesaria de un proceso de regularización y actualización de los ocupantes de inmuebles de titularidad local para comprobar que los actuales moradores evidentemente se encuentran en situación de precisar esas casas del Consistorio.

Bolado explicaba este miércoles que se acababa de reunir en las últimas horas con dos de los vecinos a los que atañe el procedimiento iniciado por la Casona. Unos encuentros a los que hay que agregar otra conversación telefónica mantenida el martes con un tercer damnificado, que quedó satisfecho con las explicaciones de la regidora y no vio necesario acudir a las dependencias municipales. El cuarto destinatario de la misiva no se presentó a la cita.

¿Qué pasos se han dado después de que los ciudadanos hayan criticado las formas locales enviando la notificación sin advertirles de la misma previamente? La alcaldesa precisa que ha querido "hablar con ellos para trasladarles tranquilidad y para indicarles que es un proceso para regularizar la situación, y que no se va a desalojar a nadie que cumpla con los criterios establecidos para hacer uso de una de esas viviendas municipales. Es decir, no se va a echar a nadie que siga necesitando esa vivienda y que cumpla con los requisitos", relata, en la misma línea seguida en los últimos días después de que este periódico avanzara la problemática.

La primer edil aseguró inicialmente que el asunto le había cogido por sorpresa y que estas decisiones se habían adoptado en su ausencia, aunque posteriormente rectificó y recordó al hablar telefónicamente con una de las afectadas, una mujer septuagenaria que reside en Herrera, que efectivamente había sido ella la que había firmado dos resoluciones de Alcaldía fechadas el 19 de octubre en que se daba luz verde al "expediente de desalojo y recuperación" de oficio de dos inmuebles municipales situados en la calle Hermanos Torre Oruña de Muriedas y otros tantos enclavados en la Avenida de Santander, en Herrera. La explicación a este episodio fue que no había leído en su totalidad el documento en el que estampó su rúbrica digital.

Información del proceso

Una vez que apaciguó los ánimos de sus atribulados interlocutores, Bolado da cuenta de la hoja de ruta para los próximos días. "También les he dicho que se les va a ir informando de todos los pasos que se vayan dando, y que iremos regularizando la situación de cada uno dependiendo del expediente que tengan, pero no saldrá nadie que no tenga que salir", agrega.

Eso sí, la alcaldesa ya adelanta que no tolerará abusos, pues denunció días atrás que había ocupantes de estos pisos que tenían empleo e incluso un negocio. "Lógicamente, como nos obliga la ley, en el caso de que se constate algún caso en el que no se cumple con esos requisitos, en tal situación se tendría que abandonar esa vivienda con ajuste a la normativa".

Los afectados, por su parte, aguardan a los movimientos municipales, aunque desearían que el fin del problema les fuera notificado por escrito. Algunos han puesto el caso en manos de un abogado.

Bolado recuerda igualmente que la pasada legislatura el PP inició un expediente similar y lo llevó incluso al juzgado. Los populares ya defendieron que finalmente no hubo desalojo y que previamente se trabajó con la familia, a diferencia, aducen, de los casos actuales.