Izquierda Unida pide al juez ampliar el caso de los alimentos de Camargo

  • El recinto judicial de Las Salesas acogió ayer las primeras comparecencias de un procedimiento que estudia un supuesto delito de apropiación indebida

El recinto judicial de Las Salesas vivió ayer el primer capítulo relevante del caso relativo a los supuestos ilícitos penales aparejados a la gestión y funcionamiento de la Plataforma de Alimentos de Camargo, cuya investigación interna por parte del Ayuntamiento se ha saldado hasta la fecha con la destitución del concejal no adscrito Marcelo Campos como responsable de Servicios Sociales y el despido de su secretaria, Jimena González, que el pasado año optó a la Secretaría General de Podemos Cantabria. De momento, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha abierto unas diligencias previas para dirimir si se ha producido un delito de apropiación indebida en el que constan como denunciados la propia González, que participaba en el reparto de los productos, y otro de los voluntarios, Javier Martínez, así como la propia Plataforma dependiente de la Casona, por lo que ha empezado a escuchar a los protagonistas del caso.

Como denunciante en la causa figura el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, Jorge Crespo, que precisa que él inicialmente puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, pero sin acusar directamente a nadie. El concejal camargués fue ayer el último en declarar ante el magistrado Luis Enrique García Delgado, y lo hizo para pedir que la investigación aumente su calado.

La denuncia inicial pivotaba en torno a una presunta «financiación paralela» en la Plataforma, que se llevaría a cabo mediante la venta por 300 euros de los palés de madera en que llegaban los alimentos al almacén enclavado en el Polígono de Trascueto (Revilla), por un lado; y, por otro, a través de la recaudación obtenida vía donaciones tras la celebración de una comida popular en Punta Parayas (Maliaño). Otros 600 euros que no entraron en la tesorería municipal.

Mientras Martínez y González ofrecieron semanas atrás versiones contrarias sobre estos capítulos, imputándose la responsabilidad de manera recíproca, Crespo abundó en su testifical ante el juez en el uso a su juicio incorrecto en el último reparto de bonos sociales de diez euros para que los vecinos más desfavorecidos pudieran adquirir carne o pescado. En este sentido, defendió que en la asignación llevada a cabo entre el 14 y el 30 de septiembre se distribuyeron más vales que beneficiarios de esta ayuda tiene la Plataforma. Como dato, aseguró que en ese momento había «983 usuarios» de estos tiques, pero que se encargaron «1.143», de forma que las cifras «no casan». A su juicio, «hay unos 1.600 euros cuyo paradero desconocemos», razonó, en relación al supuesto excedente de 160 vales.

Pero hay más. El meollo del asunto, según el edil de Izquierda Unida, gravita en torno a saber qué ha pasado con los bonos no entregados en la convocatoria inicial y que, según defiende, se volvieron a reasignar de forma arbitraria. «En cada convocatoria, estadísticamente entre un 15 y un 20 por ciento de los beneficiarios no acude a recoger el vale, por lo que la diferencia sería aún mayor. ¿Qué ha pasado con estos bonos?».

Crespo detalló que para poder canjear esta ayuda hay que firmar previamente un recibí, y recalcó que hay familias que ya han asegurado que no recogieron su tique. «Es lo que el juez debe investigar. Si se han falsificado firmas o se han suplantado identidades podrían aparecer nuevos delitos». Como hilo del que tirar, dijo que generalmente el 50% de las ayudas se canjea los tres primeros días. No así en el reparto de septiembre, pues «284 bonos se usaron tres días antes de caducar y 113 un día antes», expresó.

En esta línea, Javier Martínez, en su declaración en el seno de la investigación municipal, admitió que él mismo llegó a disponer de 30 vales, cuando el máximo por familia es de cinco. A más, afirmó que parte de esa comida se usó en comidas privadas entre él y González. Estas aseveraciones hicieron saltar las alarmas en el Consistorio, aunque la secretaria despedida siempre las ha negado.

Crespo igualmente apuntó que él no está personado como acusación –está sopesándolo– en el procedimiento y que hay documentación a la que no ha tenido acceso. Por ello, en cuanto tenga toda la información, «ampliaré mi denuncia inicial».

«Sin responsabilidad»

González, por su parte, explicó que había detallado al magistrado el funcionamiento general del área de Servicios Sociales. A este respecto, replicó que ella no tenía responsabilidad alguna en la Plataforma, que era una mera secretaria de un concejal y que a los repartos acudía como voluntaria. Igualmente, abundó en que la supervisión de la gestión y las autorizaciones pertinentes dependían de los técnicos del área. Su defensa hizo hincapié en el carácter político del caso y de su despido.

El otro voluntario declaró a este periódico que había aportado los justificantes de dinero gastado procedente de la fiesta en Punta Parayas. También compareció ante el juez Marcelo Campos. Con todo, estas primeras citaciones no son sino el germen de una instrucción que acaba de comenzar.

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