Camargo apoya la modificación de la línea eléctrica entre El Astillero y Cacicedo

En concreto, el manifiesto avalado por todos los grupos con representación en la Corporación, además de la colaboración con Red Eléctrica Española (REE), recoge la voluntad de apoyar ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria la denegación de la autorización para construir la línea por «modificaciones sustanciales» de la actuación hecha pública el pasado mes de febrero respecto al anteproyecto presentado en 2010. Estas variaciones pivotarían, por ejemplo, en la puesta en funcionamiento de la Autovía S-30. De hecho, durante la sesión plenaria el concejal de Urbanismo, Carlos González, hizo hincapié en que REE había empleado una cartografía «desfasada» a la hora de elaborar la documentación pertinente para poner en marcha el proyecto.

Ante tal situación, varios de los residentes en Cacicedo afectados han promovido un trazado alternativo que no se aproxime tanto a sus propiedades, recorrido que el Consistorio igualmente avala en su declaración institucional. Este 'Plan B' gira en torno a aprovechar la zona de servidumbre de la citada S-30 y de la Autovía A-67. A este respecto, González matizó que ciertos tramos podrían «colisionar» con las delimitaciones que tienen las autovías, por lo que para solventarlo se tienen encima de la mesa otras dos opciones para sortear este potencial obstáculo.

El responsable de Urbanismo igualmente recordó que Red Eléctrica comunicó al Ayuntamiento a finales de marzo que el expediente está «paralizado» a la espera de estudiar las alegaciones y analizar en detalle el planteamiento vecinal. A más, informó durante la sesión, a la que acudieron varios de los potenciales damnificados, de que están a expensas de una reunión con portavoces de REE en cuanto tengan un «borrador» con cualquier variación introducida respecto al proyecto que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en febrero, anuncio en que igualmente se adjuntaba la lista de afectados por las expropiaciones.

El resto de partidos en la Corporación se sumaron a la declaración. Desde el PP, que a través de su portavoz, Diego Movellán, definió como «justa» la reivindicación ciudadana, aunque advirtió de que «no sabemos si estamos tarde en el procedimiento»; hasta su homólogo de Izquierda Unida, Jorge Crespo, que alabó «la capacidad de lucha y estudio» de los afectados para armar un proyecto técnico alternativo que pueda ser validado por el promotor de la obra.

Grabaciones y alimentos

El Consistorio igualmente dio luz verde a la propuesta para incorporar a las actas de las sesiones grabaciones en vídeo de las intervenciones de los ediles. Según Héctor Lavín (PRC), éste no es sino el primer paso de un camino que desembocará en la emisión en directo de los plenos. El edil no adscrito Marcelo Campos fue el único que votó en contra al considerarlo «un circo».

La jornada también tuvo cierto interés en el turno de ruegos y preguntas, pues Movellán inquirió al equipo de gobierno PSOE-PRC acerca de su estrategia judicial en el primer juicio del caso de los alimentos, afeada por el juez en la sentencia absolutoria de dos voluntarios acusados de malversación al no haber aportado pruebas la Casona. Tras avanzar al prócer 'popular' que recibiría un informe con la respuesta, Lavín defendió que «yo no estoy aquí para que nadie robe de mis impuestos».