Justicia aparca la reforma del Registro Civil

Una de las protestas de los funcionarios contra la privatización del Registro Civil, en el complejo judidial de Salesas.
Una de las protestas de los funcionarios contra la privatización del Registro Civil, en el complejo judidial de Salesas. / Roberto Ruiz
  • La gestión no pasará al registro mercantil, así que en Cantabria el servicio se seguirá prestando en los juzgados de primera instancia y en los 94 juzgados de paz repartidos por toda la región

Ni un día ha pasado desde la última concentración de los funcionarios en contra de la reforma del Registro Civil, después de meses y meses denunciando todos los jueves su futura privatización y las consecuencias que tendría para los usuarios, cuando el Ministerio de Justicia anuncia que da marcha atrás en sus pretensiones. Se aparca la idea de entregar la gestión a los registradores mercantiles y se abre un periodo de negociación con sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en busca de un consenso, ya que la propuesta actual era rechazada por la mayoría del sector. Se espanta, de momento, el temor a quedarse sin este servicio que se presta desde siempre en todos los municipios.

De llevarse a cabo la reforma que se proyectaba, 411.000 vecinos de la región se hubieran visto obligados a trasladarse a Santander para efectuar cualquier diligencia, porque en Cantabria solo hay un registro mercantil, y está en la capital. Así que se podrá seguir inscribiendo los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos al estado civil donde hasta ahora: en los juzgados de primera instancia de los ocho partidos judiciales o en los 94 juzgados de paz que ahora mismo hay repartidos por toda Cantabria.

La decisión ha sido bien acogida por los principales sindicatos del ámbito de Justicia, que han celebrado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya atendido sus recomendaciones, lo que supone una nueva rectificación -tras la derogación de parte de la Ley de Tasas Judiciales- de otro de los proyectos estrella impulsados por Alberto Ruiz-Gallardón.

Precisamente ha sido el titular de Justicia quien ha anunciado la paralización de la cesión del Registro Civil al cuerpo de registradores y el inicio de un diálogo con las partes implicadas sobre el modelo de reforma de este servicio público. "El Gobierno no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes", ha señalado Catalá, que ha explicado que abandona la propuesta que hasta ahora había promovido y también la fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha (15 de julio).

El próximo martes se abre ese periodo de negociaciones con un encuentro con los principales sindicatos del sector con el fin, según Catalá, de encontrar una propuesta compartida por autonomías, partidos y otros agentes, lo que no significa que vayan a estar dialogando "sine die". De hecho, fuentes ministeriales han precisado a Efe que la propuesta de Justicia no está descartada por completo y que habrá que estudiar todas las alternativas que se plantearán en los próximos días antes de tomar una decisión, una lectura prudente que comparten los sindicatos, que han valorado el anuncio de Catalá como "un triunfo de la presión social" pero no "definitivo". "No es lo mismo paralizar que retirar", puntualizan desde Comisiones Obreras que, al igual que el resto de sindicatos, ha abogado por mantener la gestión del Registro Civil en manos de los funcionarios de la Administración de Justicia.