Cuatro millones para el fondo de la discordia municipal

  • El Gobierno regional abona lo adeudado a los ayuntamientos y promete reinstaurar en 2016 la partida económica que rompió la Federación de Municipios de Cantabria

El denominado Fondo de Cooperación Municipal, una partida que el Gobierno regional utilizaba como aportaciones extraordinarias para que los ayuntamientos cubriesen todo tipo de gastos (desde recogidas de basura hasta trabajos de construcción), se convirtió durante la pasada legislatura en un ariete político que derivó, a la postre, en la ruptura de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). El PP recortó el fondo, que pasó de sus 15 millones anuales a cuatro, reservados principalmente para obras y servicios urgentes. A cambio, el Ejecutivo de Ignacio Diego prometió reforzar las inversiones directas en los municipios, y repartir el dinero sin hacer distinciones de color político.

PRC y PSOE pusieron el grito en el cielo, y acusaron al PP de asfixiar a las Administraciones locales con sus recortes económicos. Tal fue el calibre de la controversia, que los regionalistas ordenaron a sus alcaldes que, en protesta, abandonasen la federación donde negocian los 102 regidores de Cantabria. Y mientras el Parlamento se encendía entre críticas y la FMC sufría casi una veintena de fugas, el susodicho fondo, rebautizado como Fondo de Liquidez Municipal, se quedaba finalmente sin abonar al expirar el mandato.

El nuevo bipartito PRC-PSOE, ya regresado al poder, acaba de aprobar su pago, pero en las condiciones que dejó marcadas el PP. El Consejo de Gobierno despachó este jueves el decreto pendiente, a la par que la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos aseguraba que, en 2016, el Fondo recuperará su categoría económica. Sin embargo, la socialista no concretó cuántos millones reservará.

Sin embargo, el cisma sigue abierto en cierto modo. Los 17 ayuntamientos que abandonaron la FMC constituyeron una organización paralela, la Asociación de Municipios Cántabros, que ahora ha decidido reintegrarse en la FMC pero sin disolverse como órgano paralelo. Quieren “permanecer vigilantes” en defensa de los ayuntamientos más pequeños (los que no alcanzan los 5.000 habitantes), y avivar el debate sobre qué servicios prestan y quién los paga.

Ese es el problema de fondo. Todo este follón político se produjo dentro de un contexto mayor, mientras el Gobierno central impulsaba una reforma de las Administraciones Locales que empezó con grandes anuncios (reducir el número de ayuntamientos, suprimir las mancomunidades) y que, al final, rebajó su ambición al encontrar un amplio rechazo. Casi 2.500 ayuntamientos la recurrieron por inconstitucional, y el Consejo de Estado les dio parte de razón. Aquí, Revilla vinculó la reducción del fondo cántabro con ese proceso iniciado por el PP nacional, y luego diluido. A la misma conclusión llegó el PSOE.

Buena parte de aquella reforma nacional la encabezó el alcalde Santander, Íñigo de la Serna, en su condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ambos ámbitos, el cántabro y el estatal, el debate, de evidente importancia, acabó en fractura.