Suspendido hasta el viernes el juicio contra Rufino Pereda para estudiar nueva documentación

Rufino Pereda, segundo por la izquierda, a su llegada al juzgado
Rufino Pereda, segundo por la izquierda, a su llegada al juzgado / Oscar del Pozo
  • La defensa del cántabro ha presentado nueva información y el tribunal ha decidido dar tiempo a las partes para estudiarla | El acusado pidió que no se reanudara el jueves porque está programado el parto de su mujer

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido suspender hasta el próximo viernes el juicio iniciado esta mañana contra Rufino Pereda, el empresario santanderino imputado en un presunto fraude tecnológico calculado en cerca de seis millones de euros. Pereda se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras siete personas a quienes se atribuyen los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, aunque en distintos grados de responsabilidad. Se trata de una de las estafas tecnológicas más importantes de los últimos tiempos, que algunos llegaron a comparar con los escándalos de Gescartera o Afinsa.

La primera sesión del juicio se ha ido en solventar cuestiones previas planteadas por la defensa de Rufino Pereda que finalmente ha presentado seis grandes carpetas con nueva documentación. Ante este hecho la Fiscalía y las acusaciones particulares han pedido tiempo para estudiarlo y el tribunal ha decidido aplazar la vista oral hasta el próximo viernes. Se ha fijado el viernes y no el jueves a petición del propio Pereda que ha explicado que en esa fecha está programado el parto de su esposa,.

Entre la nueva documentación aportada se encuentra información que probaría, segun la defensa, que la actividad empresarial de Rufino Pereda dió comienzo en 2003 y no en 2009, como insiste el Fiscal, que sostiene que en ningún momento nació con una intención empresarial sino solo para estafar.

Asimismo, se aportan facturas que probarían que parte de los aviones contratados se pagaron, luego estas compañías serían acrredoras y no perjudicados de esa presunta estaba. Y la defensa de Pereda también aporta documentación sobre las negociaciones con los clubs de futbol a los que vendió la nueva telefonía móvil y un sistema informatizado que recoge la actividad de los sesenta trabajadores contratados por Pereda, con el fin de echar por tierra los argumentos de las acusaciones que establecen que esas personas unicamente estaban contratadas para dar apariencia de que se trabajaba.

Suspendido hasta el viernes el juicio contra Rufino Pereda para estudiar nueva documentación

/ Oscar del Pozo

Las acusaciones

Pereda y su número dos, Emilio Rodríguez Marrón, se enfrentan a seis años de cárcel, las penas más duras. El santanderino ha permanecido 31 meses en prisión por estos hechos, por lo que de ser condenado habría cumplido ya casi la mitad de la condena. Para los demás, el fiscal reclama entre 3 y 4 años de prisión. A todos ellos les exige además el pago de casi cuatro millones de euros de indemnización para los perjudicados, siendo responsable civil subsidiario el Banco Santander.

Entre los afectados por la trama, se encuentran empresas que prestaron servicios no abonados e inversores que vieron como su dinero se esfumó tras las falsas promesas del supuesto cabecilla de la red. Cuatro de estas mercantiles (dos compañías aéreas y otras dos de trabajo temporal), y seis inversores, uno de ellos cántabro, ejercen la acusación particular en el proceso.

Dónde está el dinero

El mayor desafío del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid es averiguar dónde está el dinero supuestamente defraudado en esta estafa piramidal, que sigue en paradero desconocido. Porque la Brigada de Delincuencia Económica de Madrid, que investigó el caso y cifró el fraude en seis millones de euros, no lo encontró, y Pereda y su familia viven en la actualidad en un modesto piso de Santander. Tal es su aparente penuria económica que en junio de 2013 avaló su libertad con la vivienda de sus suegros para cubrir los 30.000 euros de fianza.

Pereda nunca reconoció haberse apropiado del dinero ajeno. Por activa, por pasiva y por perifrástica dijo al juez instructor que se gastó el dinero en el proyecto y en las empresas. «No me he llevado un euro. El dinero se ha invertido en las empresas. Llevo doce años buscando inversión», respondía una y otra vez al juez José Santiago Torres. Pero las acusaciones pública y privadas, que le consideran el artífice de una trama muy compleja, no dudan de que los fondos de los inversores fueron a parar a sus bolsillos.

Quién es quién

A Rufino Pereda, aquel muchacho que con 12 años ideó un sistema propio para escuchar la radio a través del ordenador, se le quedó pequeña Cantabria. Sus sueños no conocían fronteras y decidió pensar a lo grande para ser grande. Si en 2009 las operadoras de telefonía estaban en la tercera generación, él directamente pasaba a la cuarta. Según el fiscal fue el autor intelectual del plan preconcebido para enriquecerse ilícitamente.

Creó un entramado societario denominado Grupo Red Enlaza, que promocionó como pionero en la tecnología de las comunicaciones. De la Red colgaban 17 filiales, una por cada comunidad autónoma, de manera que las víctimas se extienden por varias provincias. Para dar apariencia de gran solvencia, el grupo alquiló oficinas en un edificio de Madrid de alto standing, mientras Pereda engatusaba a los empresarios ofreciéndoles un jet privado para sus desplazamientos, o les recogía en el aeropuerto en un flamante Maserati. También está imputada su esposa, Carmen Pineda, a quien el juez ha dispensado de estar en el juicio porque está a punto de dar a luz.

Las acusaciones atribuyen un papel esencial en la trama a Emilio Rodríguez Marrón, director financiero del grupo empresarial y brazo derecho de Pereda. Entre los acusados se encuentran también el director comercial Gonzalo Agüeros, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión; Miguel Ángel Martín Burau y Leticia Villalba Quintanilla, para quienes el fiscal solicita tres años de cárcel. Las acusaciones mantienen que estos dos últimos, conocedores del fraude, tenían la encomienda de buscar inversores y recibían por ello una jugosa comisión.

Por último, se sentarán ante la Justicia dos apoderados del Banco Santander, F. F. y Raúl Iglesias, que supuestamente certificaron entregas de dinero para constituir las filiales que nunca se realizaron.

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