Rufino Pereda, a su llegada a la Audiencia de Madrid. :: j. r. ladra
Rufino Pereda, a su llegada a la Audiencia de Madrid. :: j. r. ladra

Rufino Pereda dice a los jueces que los 2,7 millones de los inversores «están a salvo»

  • El empresario, acusado de estafa, insiste en su declaración en la Audiencia de Madrid que las empresas «están funcionando»

Durante algo más de cuatro horas, Rufino Pereda, el empresario cántabro que se juega seis años de cárcel acusado de recaudar millones de euros de decenas de inversores en una supuesta estafa de telefonía móvil, trató ayer de explicar al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que no vendió humo a los inversores que confiaron en él, y que detrás de su proyecto tecnológico hay muchos años de trabajo y un negocio «real», que se «truncó» porque lo metieron en cárcel y tuvo que paralizarlo todo. Pero sostiene que los 2,7 millones de euros que le entregaron los inversores, una cantidad que la Brigada de Delitos Económicos sitúa en más de 8 millones, fueron invertidos céntimo a céntimo en sacar adelante el proyecto, un «dinero que está a salvo porque las empresas están funcionando». Es más, Pereda se mostró en disposición de acreditar que las empresas siguen activas y que la compañía de venta de móviles, con sede en la calle Serrano de Madrid, está valorada en 41 millones de euros.

Tan convencido estaba del negocio de telefonía móvil que se traía entre manos que puso en él «todo» su patrimonio, que fue incapaz de evaluar, y aunque dice que lo ha perdido «todo, no tengo nada, ni siquiera un coche», se mostró dispuesto a continuar con el proyecto.

Pereda acudió a la vista, que se reanudó ayer después de su aplazamiento el lunes para que las partes pudieran estudiar la amplia prueba documental que aportó su abogado, con el mismo semblante sereno y una recién estrenada paternidad. El fiscal y las acusaciones particulares, que ejercen varios inversores y empresas a las que no pagó por sus servicios, entre ellas tres líneas de alquiler de aerotaxis, sostienen que Pereda montó un entramado societario, al que llamó Grupo red Enlaza, del que colgaban 17 filiales, una por cada comunidad autónoma, fingidamente pionero en la tecnología de las comunicaciones para captar fondos de inversores y meterlos a su bolsillo. En su megalomanía pretendía competir con grandes grupos, como Telefónica y Vodafone, y otras empresas de tecnología punta. Pero, en realidad, según las acusaciones, no había ni proyecto, ni patentes ni teléfonos y ni siquiera estaban legalmente constituidas las filiales con las que Pereda pretendía tener «mayor competencia en el mercado regional».

Por eso, en toda su declaración el empresario se esforzó por negar la mayor. Dijo que desarrollaron más de 200 prototipos de móviles para poder presentarlos a los clientes, y que durante diez años diseñaron y ejecutaron un «software muy avanzado», que es para lo que buscaba inversores. Como prueba aludió a los 30 prototipos que la policía intervino en su vehículo en el momento de su detención, cuyo valor cifró en más de medio millón de euros, aunque las acusaciones cuestionan su existencia. Pereda admitió que no tenía ni una sola patente para la fabricación de esos móviles, porque «no la necesitaba, ya que toda la tecnología estaba ya patentada por las empresas que desarrollaban los chips», se justificó.

El fiscal le apretó las tuercas porque las empresas filiales que servían para captar fondos ni siquiera estaban inscritas en el Registro Mercantil, a lo que Pereda adujo que no se pudieron registrar a tiempo porque les robaron las escrituras de las mismas, aunque aclaró que los accionistas estaban informados del asunto por lo que no hubo engaño. Y cuando el Ministerio Público le reprochó ese sistema de inversión «piramidal», según el cual para invertir en las filiales autonómicas había que ser previamente accionista de la sociedad matriz, Pereda echó balones fuera y señaló directamente al Banco Santander, entidad a la que las acusaciones han llevado a este proceso como responsable civil subsidiaria. Así, el imputado aseguró, y aportó documentación al respecto, que fue la asesoría jurídica del banco quien diseñó la operación.

Responsabilidad

En otros casos la responsabilidad fue de los medios de comunicación. El fiscal llevó al plenario numerosas informaciones que aludían a que la empresa cántabra iba a instalarse en Marruecos para fabricar los móviles de cuarta generación que venía desarrollando de manera embrionaria desde 1999, y todo ello a un coste sensiblemente inferior al de los demás operadores, y que incluso había formalizado contratos de suministro exclusivo con destacados clubes de fútbol de España, como el Real Madrid o el Barcelona. El empresario, que había acusado previamente a los medios de comunicación de ponerle en la diana, se excusó cargando contra los periodistas porque «titulan como creen». Pero el presidente del tribunal, Mario Pestaña, le instó a responder y le preguntó si estaba él detrás de estas informaciones. El empresario lo negó y dijo que detrás estaría «el Gobierno de Ceuta». ¿Entonces la información era falsa?, insistió el magistrado. «No, pero es que la prensa coge una frase y la da vuelta para convertirla en llamativa», espetó.